Mediante iniciativas, se busca blindar la educación respecto del control de los sindicatos.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks presentó dos iniciativas para expedir la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación.

A través del diseño normativo de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, apuntó, se busca blindar la educación respecto del control de los sindicatos sobre los procesos de selección para la admisión, promoción, reconocimiento de personal docente, directivo, de supervisión y asesores técnico pedagógicos.

Con ello, dijo, permitir en igualdad de condiciones a los aspirantes, acceder a dicho Sistema, sean egresados de las escuelas normales o no, siempre y cuando acrediten los procesos de selección. Ello, “para evitar la venta o herencia de plazas”.

Explicó que la iniciativa de referencia instituye que los perfiles, parámetros e indicadores, permitan contar con un marco general de educación de excelencia y normalidad mínima en el desarrollo del ciclo escolar y la escuela. También, definir aspectos principales que abarcarán las funciones de docencia, dirección y supervisión, respectivamente. Además identificar características básicas de ejercicio profesional del personal en contextos sociales y culturales diversos.

Ahí, precisó, se señala puntualmente que los procesos de selección deberán caracterizarse por ser públicos y transparentes, en tanto garanticen el principio de máxima publicidad sobre los mecanismos que comprenden los procesos de selección y la información que de ellos emanen.

En tanto, destacó que la propuesta para expedir la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación, recupera contenidos de la abrogada Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Subrayó que tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y el Organismo para la Mejora Continua de la Educación, para que no dependan de agendas políticas o de gobierno, sino que rija sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La propuesta, dijo, establece que el Centro para la Mejora Continua de la Educación estará encabezado por una Junta Directiva, responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo, asesorada por un Consejo Técnico de Educación, con representatividad de los diversos tipos y modalidades de la educación.

Dicho Centro recibirá el acompañamiento de un Consejo Ciudadano honorífico para facilitar la vinculación y participación activa y equilibrada de los actores del proceso educativo, y de los sectores social, público y privado, puntualizó.

Nuestro ánimo es propositivo y deseamos que haya debate. Busquemos las mejores condiciones para el futuro. México espera mucho de su educación. Sin embargo todo lo que se ha hecho resulta insuficiente, aseguró el diputado.

Garantizarían derecho de identidad a menores nacidos en Centros Penitenciarios

La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presentó un proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual busca garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños nacidos de madres internas en centros penitenciarios, para que puedan gozar de todas las garantías que establece la Constitución.

Aseveró que el Grupo Parlamentario de Morena plantea esta iniciativa, para que las autoridades penitenciarias garanticen el registro y la expedición del acta de nacimiento de los infantes de manera inmediata, al momento de nacer.

Ante el pleno de la Permanente, detalló que, de esta forma, se asegurará que los menores que nacen en esa situación tan difícil cuenten con un documento de identificación debidamente registrado.

“Es nuestra preocupación hacer valer el interés superior de la niñez, que en todo ámbito incide en el desarrollo armónico e integral de los menores”. En este caso, dijo, nos inquieta visibilizar a un sector de la población que tienen el infortunio de tener su primer contacto en el mundo exterior en una situación adversa, como es el interior de un Centro Penitenciario, subrayó.

La senadora manifestó que según datos de los órganos administrativos desconcentrados de prevención y readaptación social hasta abril del 2019 estaban 10 mil 839 mujeres privadas de su libertad.

Informó que el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, documentó que en 2016 vivían con sus madres, en prisiones estatales 542 menores; el 41 por ciento, tenían menos de un año de edad.

Las características sociodemográficas señalan que el 36 por ciento de estas madres reclusas tienen entre 18 y 29 años, informó.

Las condiciones de los menores nacidos en un Centro Penitenciario repercuten en el ejercicio de sus derechos fundamentales, los cuales son, abundó, vulnerados en muchas ocasiones.

Afirmó que son necesarias acciones legislativas y políticas públicas eficientes para enfrentar el problema que viven muchas féminas y sus hijas e hijos, desde que nacen hasta los seis años.

El derecho a la identidad permite a los infantes el reconocimiento de su nombre, nacionalidad, familia y el ejercicio de sus demás derechos, sin limitaciones legales.

De acuerdo con el Inegi, seis de cada 10 personas sin registro en el país son niños, niñas o adolescentes y, del total de plas personas sin acta de nacimiento 58.4 por ciento son menores de edad.

Mencionó que se desconoce si todas las niñas y niños nacidos en las prisiones cuentan con acta de nacimiento y si fueron registrados de forma inmediata, lo cual denota el desinterés por esta población que no debe ser invisible.

La propuesta, indicó la legisladora morenista, pretende visibilizar esta situación ante la sociedad y corregir cualquier anomalía a través del reconocimiento pleno del derecho a la identidad de los menores nacidos dentro de un centro penitenciario.

La iniciativa, que fue turnada a las comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, también establece que, por respeto a los derechos humanos fundamentales, está prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil, dado que ello generaría discriminación.

No puede haber desarrollo económico sin combate a la corrupción: Alejandro Armenta
 
El crecimiento económico de México sólo se logrará manteniendo la estabilidad macroeconómica y combatiendo a la corrupción, aseguró Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.

Durante el segundo día del conversatorio: “México, Integración Económica Mundial y Política Comercial del Gobierno de la 4T y su impacto en la Hacienda Pública”, en las Salas 2, 5 y 6 del Senado de la República, el legislador señaló que nuestro país ha mantenido una estabilidad macroeconómica durante 20 años, que si bien ha permitido enfrentar condiciones adversas, no ha sido suficiente para lograr un mayor crecimiento económico.

Consideró que se debe promover una nueva economía basada en el desarrollo sostenible, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso gradual de redistribución del ingreso.

Además, dijo, con la eliminación de la condonación de impuestos a las grandes empresas, el combate a las empresas fantasma y una mayor inversión en infraestructura “avanzaremos en el proyecto de la Cuarta Transformación de acabar con la corrupción, desigualdad y malas prácticas hacia la hacienda pública mexicana”.

En este sentido, señaló que el Senado ha establecido como delitos graves a la corrupción, el robo de hidrocarburos y los delitos electorales. “Durante años se institucionalizó el robo, saqueo y huachicoleo presupuestal a través de fideicomisos y empresas fantasma”, sentenció.
 
Armenta indicó que nuestro país no tiene una adecuada recaudación fiscal. El último año ingresaron 5.8 billones de pesos, cuando tendrían que ser entre 8.5 y 9 billones. Sin embargo, indicó, de nada servirá un adecuado recaudo, si esos recursos se desvían o no se utilizan adecuadamente para el empoderamiento de la economía nacional.

“El objetivo es muy simple, lograr para los mexicanos la justicia tributaria y un equilibrio entre la justicia distributiva”, puntualizó.

En su participación, la senadora Ifigenia Martínez Hernández aseguró que este conversatorio, superó las expectativas que pretendían encontrar el camino correcto para afrontar la globalización, para insertar al país en la economía mundial y aprovechar los intercambios con el exterior para fortalecer su presencia en el mundo.

Resaltó que lo más importante es el país y las posibles soluciones en materia de política hacendaria para que, en el momento apropiado, se logre mayor equidad. Una equidad fiscal y en casi todos los ámbitos, mediante una política tributaria progresiva, y una más amplia promoción del gasto público y desarrollo económico, señaló.

En el desarrollo de las mesas de trabajo, Ernesto Bravo, del IIE-UNAM, precisó necesario actualizar el esquema de integración del T-MEC en materia agrícola, aun cuando Estados Unidos no acepte. Incluso, ante los desencuentros ya conocidos con el jitomate, el acero y el aluminio.

Añadió que la no aprobación del Tratado afectaría a las cadenas globales de valor y a la recaudación fiscal, pero que al mismo tiempo, podría ser compensado con el establecimiento de aranceles a importaciones norteamericanas y con una política comercial proactiva de carácter multilateral.

Por su parte, José Antonio Romero Tellaeche, del Colmex, aseveró que México forma parte de una zona económica en declive. América del Norte, incluyendo a nuestro país, produce 19 por ciento del total de automóviles, China 29 y Asia el 47 por ciento.

El T-MEC debe seguir su curso y dejar de ser el centro de la política industrial, subrayó. Al tiempo, urgió a crear una economía paralela de empresas nacionales en el sector manufacturero para que con el tiempo nos independicemos y podamos tener posiciones más nacionales.

Enrique Dussel Peters, del Centro de Estudios China-México, UNAM, propuso que la Cámara de Senadores institucionalice un proceso de reflexión sobre el tema.
Añadió que para los tres países integrantes del T-MEC la pregunta, es qué hacer con China, porque este instrumento no va a permitir que las cosas continúen como se han hecho, pues la economía más grande del mundo (China), está haciendo pedazos a la región del TLCAN.

En las mesas de trabajo que se desarrollaron este día, participaron también John Ackerman, del PUEDSJ-UNAM; Leonardo Curzio, del CISAN-UNAM; Ma. Antonia Correa, de la UAM Xochimilco; Raúl Benitez Manaut y Juan Carlos Barrón, del CISAN-UNAM; y como moderadores  los periodistas Alfredo González Castro y Victor Piz, y por el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía.

Rechazan comparecencia de titulares de las secretarías de Bienestar, Hacienda y el DIF

El Pleno de la Permanente rechazó llamar a comparecer a las y los titulares de las secretarías de Bienestar; Hacienda y Crédito Público; y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que expliquen el motivo de la negativa a aceptar la recomendación 29/2019, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dicha institución, explica el dictamen rechazado, emitió una recomendación sobre la violación a derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarías del «Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras». Sin embargo, ésta fue desestimada por los servidores públicos receptores de la misma, apunta.

La recomendación invita a las instituciones antes mencionadas para que realicen las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de niñas y niños a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, de prioridad, bienestar y a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, a la participación y al juego y esparcimiento a partir de su interés superior.

Además, pide el establecimiento de un mecanismo que, independientemente de su denominación, restituya a niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles los derechos que fueron violados con motivo de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto.

La CNDH, expone el texto, formula recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, detalla.

El dictamen considera necesario conocer de viva voz los motivos por los que los titulares de los órganos antes citados hayan determinado rechazar la recomendación.

Al hablar sobre el tema, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, dijo que deben comparecer los responsables de haber rechazado la recomendación. “De rechazar esta comparecencia se estaría sentado un precedente para la protección de los derechos humanos en el país”.

Luego, presentó una moción suspensiva para no discutir el dictamen y regresara a comisiones, misma que fue rechazada por el Pleno.

A su vez, el diputado de Morena, Lucio Ernesto Palacios Cordero, ratificó el compromiso de su fracción con los derechos humanos. Con el nuevo Gobierno, expresó, hay criterios universalistas, enfoque de derechos y un cambio de fondo que elimina la visión mercantilista, de negoción y corrupción.

Al respecto, la diputada Lizbeth Mata Lozano, del PAN, expresó que no citar a las comparecencias dejaría un precedente grave para el Poder Legislativo. Se le estaría cerrando la puerta a la CNDH para coadyuvar con la protección de los derechos de las y los niños mexicanos.

Por su parte, la diputada Verónica Juárez Piña, del PRD, indicó que las medidas que implementaron las autoridades en materia de estancias infantiles, resultan regresivas. Por ello, rechazó las descalificaciones emitidas por Gobierno Federal a la recomendación que le hizo la CNDH.

En la discusión también participaron la diputada de Morena, Guillermina Alvarado Moreno; la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN; la diputada Dolores Padierna Luna, de Morena; la diputada del PRI, Sauri Riancho, Dulce María; Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; y la senadora de Morena, Rocío Adriana Abreu Artiñano.