Rafael Lulet / @Rafael.lulet

El cuatro de mayo, se da una detención por policías municipales en Ixtlahuácan, poblado cercano a 40 kilómetros de Guadalajara por una falta administrativa: el no traer cubrebocas de uso obligatorio por decreto del estado ante la pandemia, el joven detenido de nombre Alejandro Giovanni López, tenía 30 años y era trabajador de la construcción e iba transitando sobre la vía pública, siendo apresado de manera agresiva y trasladado a la comisaría, según sus familiares fueron al siguiente día a las instalaciones policiacas donde les informaron que no se encontraba ahí sino en el hospital civil, encontrándolo muerto víctima de un traumatismo craneoencefálico, con signos de tortura y una herida por arma de fuego en una pierna.

El día jueves cuatro de junio a un mes del incidente de Giovanni López, se llevó a cabo un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en las calles del centro de Guadalajara, Jalisco, la marcha tenía un objetivo: exigir justicia por la muerte del joven el cual hasta la fecha no habían recibido la aclaración de cómo falleció, la reclamación escaló a ataques en contra de los elementos policiacos, quemas de patrullas y una camioneta, hasta pintas en edificios, resultando un policía quemado por uno de los reclamantes y otro golpeado.

La protesta tuvo mucho parecido al caso de George Floyd en Estados Unidos, donde en la misma semana se dieron también protestas en las calles por el asesinato del hombre de color ocurrido el 25 de mayo a manos de elementos policiales de la ciudad de Minneapolis, aunque los tiempos y los motivos fueron distintos. Por otro lado, la Fiscalía de Jalisco y el gobernador del estado Enrique Alfaro, salieron a declarar que las versiones publicadas del asesinato del joven Giovanni no fueron como lo trataron de manejar y las manifestaciones fueron hechas por un grupo de personas quienes quisieron provocar a su gobierno con la intensión de obtener una respuesta violenta.

Alfaro acusó al gobierno federal de tener las manos inmiscuidas detrás de dicha manifestación y enfrentamiento con los elementos policiacos, respondiendo el presidente López Obrador: “Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participó en cuestiones partidistas” e invitó al gobernador a presentar pruebas si las tenía, todo esto ocurrido durante la semana donde se ha tenido una gran alza en contagios así como muertes en el país por el COVID-19.

Es claro la disputas políticas entre López Obrador y Enrique Alfaro, quien en varias ocasiones ha dado declaraciones de rechazo por las peticiones del gobierno federal hacia los gobernadores para acatar medidas presidenciales, algunas han sido como el contratar por su cuenta combustible cuando se llevó a cabo la lucha contra el huachicol, o el de las compras de pruebas rápidas para detectar contagiados por el COVID-19, entre otras más, estas confrontaciones entre ambos personajes, colocan en un claro peligro al inquilino de Palacio Nacional por mantener el poder para su partido tanto en el camino de la presidencia en el 2024, como en las siguientes elecciones del año venidero, donde podría perder su mayoría Morena en la Cámara de Diputados, y con ello empezar a bloquear cualquier intento de avance de su plan denominado “4T”.

Razón por el cual le urgía ya salir a inaugurar sus obras como las del Tren Maya y hacer actos de presencia en algunos estados, a pesar de que la pandemia aún no ha sido “domada” como él lo declaró en su momento, donde se ha presentado la alza de muertes y contagios por el COVID-19, en los primeros días de la apertura escalonada como se había programado y es que los momentos electorales han comenzado y con una popularidad a la baja como consecuencia de los desaciertos tanto económicos, políticos así como la falta de insumos médicos y el fallido control de la pandemia sin mencionar las fricciones con los empresarios además con la prensa y las descalificaciones de instituciones tanto nacionales como extranjeras.