• Urge al Presidente inicien obras de su “proyecto estratégico”, a pesar de pisotear derechos de indígenas y pueblos originarios de la Península
  • Además, interpone, junto con Fonatur, recurso de queja contra amparo de comunidades. CNDH, les da atole con el dedo

Guillermo Pimentel Balderas

Hace apenas 8 meses (20 de septiembre de 2019), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó tajantemente: “Llueve, truene o relampaguee, se va a construir el Tren Maya; lo quieran o no lo quieran». Esto, en medio de un aguacero durante una gira que hizo a Hecelchakán, Campeche.

Ahora, a mediados de la semana del 18 al 22 de mayo, López Obrador insistió que ya le urge salir de gira y que entre sus prioridades está la de dar el banderazo de inicio de obras del Tren Maya, uno de sus proyectos estratégicos del sexenio.

Sin duda, también, es un megaproyecto emblemático de su gobierno, junto con la refinería Dos Bocas y el nuevo aeropuerto de Santa Lucia. Ya le anda al jefe del ejecutivo porque se empiece a trabajar en la Península, por lo que prometió que, en caso de que los médicos y especialistas no se lo permitan, dará un banderazo virtual el 30 o 31 de mayo y, amenazó que podría ser durante una mañanera.

Este megaproyecto -ideado por el propio mandatario- no puede esperar pues la única condición que puso AMLO a las empresas contratadas -como Carso, GIA+A y Gammi (relacionada con los jugosos contratos durante su gestión en la Ciudad de México), entre otras-, deben contar con autorización del sector salud y la Secretaría del Trabajo, conforme a los protocolos establecidos para que la industria de la construcción sea una actividad esencial y opere a partir del 1 de junio.

Todo parece indicar que, el Presidente se saldrá con la suya pues los “obstáculos” que tiene, numerosos recursos legales que han interpuesto los indígenas y pueblos originarios, asi como de la sociedad civil y colectivos ante el poder judicial federal y local y ante la CNDH, por ejemplo, al parecer, son fáciles de escalar.

Sin embargo, es un hecho que persistirá la denuncia y la demanda indígena y de las poblaciones de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que, seguramente, saldrá afectada con este otro capricho del presidente. Pero, no están solos, hay muchos organismos colectivos como AEQUUS, al frente Víctor Caballero, que acompañan la lucha de las comunidades indígenas y pueblos originarios contra todos los proyectos de muerte que quiere imponer este gobierno, como es el caso del Tren Maya.

¿Le pueden aguar la fiesta a AMLO?

Por el momento, existe una suspensión (provisional) decretada por un Juez -puesto que la definitiva se resolverá en estos días-, en la cual se permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado, Tren Maya, tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo, en especial, en el tramo de Palenque para salvaguardar la salud de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua.

También, se reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medio ambiente, recursos naturales, entre otros.

Hasta el momento –del cierre de la edición-, la información confirmada, indica que la audiencia señalada para las 10 de la mañana del 22 de mayo, con todos los informes correspondientes del amparo de los indígenas, básicamente contra la presidencia de la República y contra el Fonatur, no habría alguna razón legal para que se suspendiera la audiencia pues se cumplió con todos los requisitos para celebrarla.

Sin embargo, a pesar de que ya está legalmente todo constituido, la presidencia de la República y el Fonatur interpusieron un recurso de queja contra el acuerdo del juez II de Distrito de Amparo y Procesos federales, del estado de Chiapas –alegando, con argumentos falaces, como promover violación a la ley al sugerir desacato judicial-, que concedió la suspensión provisional a las comunidades que interpusieron el amparo; es decir, que estas dos autoridades están impugnando esta suspensión provisional.

Al respecto, el juez de distrito ordenó que se reintegrara ese recurso de queja y lo van a remitir a un tribunal colegiado, que le corresponde resolver. Así, estaremos atentos a saber qué resolución se le da…

Hasta entonces, de la parte de la suspensión definitiva, existe la posibilidad que sea hasta el próximo lunes 25 de mayo, cuando se sepa oficialmente, con la publicación de las resoluciones que se celebran en los juzgados un día hábil anterior. Hasta entonces, se tendrá la definición absoluta de la resolución del amparo indígena.

De acuerdo a voceros del movimiento, estaba todo listo para celebrar la audiencia y hasta que se tenga la información concreta se confirmaría, pero debido a que presidencia y Fonatur están impugnando, lo más probable es que se daría a conocer hasta el próximo lunes.

Pero, en caso de resolver en contra de los demandantes, dicho Juez, dejaría en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto “de muerte” de dicho tren.

CNDH, atole con el dedo

En tanto, los comuneros tienen una resolución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que les otorga medidas cautelares para actividades “no esenciales” en el avance del “Tren Maya”.

El 6 de mayo de 2020, organizaciones civiles, colectivos indígenas y residentes de los tres estados de la península de Yucatán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y solicitaron medidas cautelares o precautorias por las actividades que actualmente se llevan a cabo en la región para ejecutar el proyecto denominado “Tren Maya”.

En la queja, argumentan que estas actividades entre las que se encuentran licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, que no se clasifican como esenciales, según el mismo gobierno federal, ponen en peligro la salud, la vida, la integridad personal, y medio ambiente sano de sus personas, las de sus familias y la población de la región por los riesgos de contagio de la enfermedad COVID-19 que estas actividades presentan.