Enrique Escobedo

Una de las características de la democracia participativa es la fortaleza, al amparo del Estado, de la sociedad civil organizada política y jurídicamente en asociaciones civiles, también conocidas como organizaciones no gubernamentales. Se trata del fortalecimiento de lo que nuestra Constitución reconoce en su artículo 25 como el sector social, quien junto con el público y el privado pueden concurrir responsablemente en favor de la producción y el desarrollo nacional.

La figura de esas organizaciones es fundamental en la vida nacional, pues se dedican entre otras actividades a promover y defender los Derechos Humanos, la ecología, a las mujeres golpeadas, a la prevención y combate a la pobreza o a la denuncia de la corrupción, sobre todo la gubernamental. Su legitimidad está en función de su honestidad y de su eficacia orientada a resultados. De ahí que su credibilidad es esencial cuando denuncian o señalan pifias y errores en la administración pública, por eso son, junto con la prensa, parte del popularmente conocido cuarto poder.

Muchas de esas organizaciones y sus militantes han sido objeto de persecución, no necesaria y exclusivamente gubernamental. Sabemos, por ejemplo, de organizaciones criminales que han asesinado a líderes de agrupaciones ecológicas. También sabemos que algunos gobiernos crean, a través de sus partidos políticos o por otro medio, asociaciones civiles a fin de que sirvan como fusibles, pues su fin es restarles credibilidad a otras organizaciones no gubernamentales. Aún más, las llegan a utilizar como grupos de choque o con el propósito de desprestigiar a gobernadores, presidentes municipales o líderes de opinión.

Las organizaciones sociales espurias que nacen cobijadas y al amparo de algunos gobiernos se identifican debido a que defienden, incluso de manera abyecta a su fuente de poder. Critican al pasado, culpan a otros partidos políticos de lo que nos acontece, justifican las decisiones gubernamentales y las aplauden, atacan personas y no argumentan, sino estigmatizan. Son grupos sociales que, en nombre de la autonomía que la democracia participativa les concede, distorsionan o tratan de encubrir la verdad. Son brigadas de activistas o francamente grupos porriles que sabotean manifestaciones como las feministas.

La misión de los grupos escondidos bajo la máscara de la democracia y que se dedican a tratar de reventar toda crítica hacia el gobierno son una amenaza real y peligrosa. Además de erosionar a la democracia participativa, crean temores, inhiben la participación social, deslegitiman a otras organizaciones sinceras, acuden a las asambleas de mano alzada con línea de hacer lo que dice el gobierno y sabotean proyectos que no están en las prioridades gubernamentales. Son grupos sociales que en nombre de las libertades y la autonomía se dedican a amenazar veladamente a todo aquel que tenga una posición crítica al poder.

No obstante, su pérfida existencia, no han sido lo suficientemente eficaces para acallar a la oposición ni a la crítica periodística. Por el contrario, la oposición crece y se fortalece. Por eso tal vez lo mejor es que los gobiernos dejen de subsidiar a esos grupos y reconozcan que no pueden formar grupos sociales autónomos.