“Los pueblos a quienes no

Se hace justicia se la toman por sí mismos

Más tarde o más pronto”.

Voltaire

Marco Antonio Mendoza Bustamante

¿Por qué si todos los días nos hablan de tema, el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente, de manera particular en materia penal? De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018, publicado por la Universidad de las Américas Puebla, somos el cuarto país más impune a nivel global, con una calificación de 69.21.

Ante esta realidad, en 2008 se aprobó un nuevo Sistema de Justicia Penal conocido comúnmente como “Juicios Orales” para cuya implementación, se otorgó a los estados un plazo de 8 años. Este proceso fue acompañado por un órgano federal que, en 2016, una vez agotado el plazo, técnicamente fue desaparecido.

Tristemente, muchas entidades interpretaron que se trataba sólo de la implementación de una reforma Constitucional y aplicaron un ABC pensando que la ciudadanía accedería a la justicia como con una varita mágica.

Tras su implementación, el sistema penal ha demostrado no ser eficaz y la salida que ha encontrado el gobierno es enviar al Congreso un nuevo paquete de reformas para transformar lo ya existente. Tristemente las iniciativas constituyen una regresión al sistema inquisitivo ya que reviven figuras como el arraigo, cuya ineficacia está probada. En síntesis, la justicia no se garantiza por decreto y el resultado será peor que el de la reforma de 2008.

La justicia no puede y no debe verse solo como un mandato de ley, sino como una política pública e incluso como un proceso cultural del que cada persona debe ser parte. Un sistema de justicia es tan fuerte como su eslabón más débil y tristemente esos eslabones suelen ser las policías, que dicho sea de paso, son el primer respondiente, es decir, el primer rostro de la justicia que tiene ante sí el ciudadano, y desde luego, mucho hay que hacer también para fortalecer a procuradurías, defensorías públicas y poderes judiciales estatales.

El Sistema de Justicia Penal no requiere reformas estructurales sino de un proceso de consolidación y acompañamiento en los estados para que pueda rendir frutos en favor de la sociedad, a la que no le interesa tener leyes perfectas sino instituciones que le garanticen paz y justicia.

La vía no es el reformismo sino una visión de Estado que le de rumbo, transparencia, certidumbre y eficacia a la justicia, vista esta como una política transversal que debe alcanzar a todos por igual. Si no corregimos el rumbo, en el mediano plazo México atravesará una crisis más aguda que lo que vivimos en la actualidad.