• Su legislación es muy frágil y débil, no garantiza pago justo y equitativo de empresas extranjeras para exploración, explotación y extracción de hidrocarburos. Procurador Agrario, aconseja modificarla. Tras 7 años, hubo acuerdo en Peñasquito, sin antes, duros enfrentamientos de minera contra Senador José Narro.

Guillermo Pimentel Balderas

Para el Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, la Ley Minera, publicada en junio de 1992 y reformada en agosto de 2014 con el Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Hidrocarburos, debe modificarse para que responda a la realidad del campo mexicano y garantice, tanto los derechos agrarios como los beneficios por la actividad minera en territorios de núcleos agrarios y comunidades indígenas.

Hoy -manifiesta por medio de un blog oficial insertado en el portal de la Procuraduría Agraria-, la legislación en materia minera es muy frágil y débil porque no garantiza la consulta indígena para que los pueblos originarios y los núcleos agrarios que, son dueños de la propiedad social, logren convenios y contratos con el pago justo y equitativo por la ocupación superficial de sus territorios donde se llevan a cabo actividades de exploración, explotación y extracción de hidrocarburos.

El funcionario, luego de destacar el acuerdo alcanzado entre propietarios del Ejido de Cedros, Municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, con directivos de la minera canadiense Newmont–Goldcorp Peñasquito –la segunda mina de plata más grande de México—, en la que intervinieron la Secretaría de Gobernación, la PA, y dependencias del Gobierno Federal, afirmó que la solución del conflicto permitió obtener beneficios muy significativos para el núcleo, al definir el precio de pago de la renta por la ocupación superficial en tierras propiedad del ejido, así como otra serie de concesiones sociales que dejaron satisfechas a ambas partes.

“Esta resolución –subrayó Hernández Palacios-, representa un muy buen ejemplo de que es posible arribar a convenios que permitan asegurar la producción minera que es necesaria para el país; la conservación del suelo, así como garantizar el pago justo y adecuado a los dueños de la tierra por el uso y afectaciones que tenga su territorio, y la seguridad jurídica para quienes tienen las concesiones mineras”, detalló.

El Procurador Agrario recalcó que el Gobierno de la Republica ha considerado reorientar el Fondo Minero, que se dirigía a los estados y a los municipios, para que estos recursos que aportan las mineras lleguen a los dueños de la tierra a través de obra social, productiva, de conservación y mitigación ambiental en sus territorios.

Más de 7 años en pugna

Por otra parte, este conflicto entre ejidatarios de Cedros con la minera Peñasquito, tuvo que pasar por varias disputas legales, movilizaciones sociales e inclusive, enfrentamientos directos entre empresarios de la mina y el senador zacatecano de Morena, José Narro Céspedes, pero al fin se logró terminar con la pugna.

No sin antes de llegar a este acuerdo, el problema, por momentos, tomó escenarios espinosos que obligo, en cierta manera a la empresa, suspender pagos a empleados y trabajadores sindicalizados, contratistas, proveedores y comunidades.  ¿La razón?, porque desde marzo de 2019, les bloquearon ilegalmente la operación de la mina, impidiendo la salida y entrada terrestre con consecuencias graves.

Por medio de un comunicado –que hicieron público en varios medios informativos nacionales y locales-, los ejecutivos de Peñasquito, también se quejaron de que, en una reunión, el representante de los inconformes Felipe Pinedo (asesor del Senador José Narro), “exigieron un pago de 442 millones de dólares por la presunta afectación a un cuerpo de agua en dicha comunidad”.

Inclusive, la minera acusó: “nuestra empresa no está dispuesta a ceder a esta tentativa de extorsión de parte de estos individuos. Hemos denunciado penalmente a los líderes del bloqueo”.