Acusan que Morena protege a caciques y delincuentes

Por Guillermo Pimentel Balderas

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), apoyados por las dirigencias del STUNAM, UPREZ, STRM, MAIZ, MPI, CONMOP-LM, UCFCP, MMCRE, DEDH y AFADEM-FEDEFAM, solicito al Presidente Andrés Manuel López Obrador detener a grupos de paramilitares en el municipio de Amatan, Chiapas, quienes están bajo las órdenes de la familia Carpio Mayorga, protegidos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Daniel Zúñiga, dirigente de la CNPA MN, señalo que el grupo paramilitar que dirige Isidro Chávez con Javier Tovilla junto con los Hermanos Carpio Mayorga, son los responsables de varias agresiones armadas, con el objetivo de recuperar a sangre y fuego el ayuntamiento municipal.

“Sin duda, para realizar estas agresiones tuvieron el beneplácito del exgobernador Manuel Velasco Coello y del senador Eduardo Ramírez Aguilar (ambos de Morena)”, consideró.

El líder social, explicó que han difundido varios manifiestos a la opinión pública, a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas; a los medios de comunicación, así como al gobierno federal, sobre la violenta y complicada situación que viven los pobladores de Amatan.

En ese sentido, mencionó que la CNPA MN demanda que la voluntad política que, en su momento manifestó la actual Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, se traduzca en atención y solución inmediata a los conflictos en este municipio que, ya ha cobrado vidas y que hoy – de nueva cuenta- está corriendo peligro la seguridad de los habitantes del lugar por la agresión armada de los paramilitares al servicio de morenistas.

Los hechos más recientes

En el escrito que envió la CNPA MN a los medios de comunicación en forma directa, narra que el día 2 de noviembre hicieron de conocimiento público de como el grupo de paramilitares, portando armas largas, se paseaba por una de las calles del municipio de Amatan, Chiapas, por lo cual se exhortó al gobierno federal y también al estatal en turno y electos, a tomar este tema con seriedad y urgencia.

Apunta que hoy el PARAMILITARISMO en Chiapas ha desalojado a integrantes del Movimiento por la Paz. La Justicia y el Bien común de Amatan de los distintos puntos donde había comisiones del movimiento en plantón.

“Alrededor de las 2:15 am del día jueves 17 de este mes –agrega-,  los paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga irrumpieron en diferentes grupos de ataque en la cabecera municipal de Amatan donde se encontraban nuestros compañeros, agredieron de manera directa al compañero Noé Jiménez Pablo con armas largas, a los demás compañeros les dispararon para dispersarlos con armas de distintos calibres (pistolas, R15, entre otras), realizando el desalojo en los distintos puntos de manifestación, hiriendo a compañeros, golpeando y deteniendo a otros y llevándose al compañero Noé Jiménez Pablo herido y está desaparecido”.

Acusa que el grupo paramilitar que dirige Isidro Chávez, junto con Javier Tovilla, y los Hermanos Carpio Mayorga son los responsables de esta agresión armada, con el objetivo de recuperar a sangre y fuego el ayuntamiento municipal.

“Sin duda, para realizar esta agresión, tuvieron el beneplácito del exgobernador Manuel Velasco Coello y del senador Eduardo Ramírez Aguilar (ambos de MORENA) ya que cuando gobernaron Chiapas fueron sus protegidos y les brindaron toda clase de impunidad. Son los mismos que protegieron al grupo paramilitar denominado “Los Diablos” en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, grupo que coordinaba el entonces presidente municipal Enoc Díaz Pérez quién después de haber agredido a un empresario fue desaforado y encarcelado, no sin antes asesinar a los compañeros Armado Montejo López y Celestino Montejo Díaz el 19 de diciembre de 2014”, explica.

Se asegura que personas de Pueblo Nuevo fueron contratados por los Carpio Mayorga para asesinar a Noé Jiménez Pablo hace meses, y hoy claramente se ve el ataque directo hacia su persona pues fueron agredidos también niños y mujeres, algunos están detenidos al interior del palacio municipal.

El Movimiento instaló un Consejo Indígena de Gobierno Popular para ejercer el poder en dicho municipio e impulsar su desarrollo ante el abandono al que fue sometido por los caciques de la familia Carpio Mayorga.

El 30 de noviembre con la presencia de representantes de organizaciones sociales, comunidades y organismos defensores de derechos humanos se tomo protesta al gobierno legítimo y su consejo.

“Condenamos enérgicamente esta agresión armada y hacemos responsables al gobierno de Chiapas y al gobierno Federal por omisión puesto que tienen conocimiento de la grave conflictividad social generada por los Carpio Mayorga y sus padrinos el exgobernador Manuel Velasco Coello y el senador Eduardo Ramírez Aguilar (ex secretario de gobierno de Chiapas)”, subraya el documento.

Petición a AMLO

Manifiesta CNPA MN que la petición es que la investigación de los hechos sucedidos el día 17 de enero de 2019, aproximadamente a las 02:00 horas, en el Municipio de Amatán, sea atraída por la Fiscalía General de la República, en virtud de que se usaron armas de alto calibre, como fusiles R15[1], y el grupo de agresores está vinculado con la delincuencia organizada[2].

Además, de que existe conflicto de interés por parte del actual Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en virtud de que cuando fungía como Ministerio Público en el año 2002, estuvo involucrado en actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra diversos miembros de la organización, y de manera concreta en contra de Noé Jiménez Pablo.

Cabe señalar que dicha conducta fue objeto de la recomendación 26/2002, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte, y por los mismos hechos, la Comisión Estatal sobre Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002, en el sentido de iniciar, en contra del actual Fiscal General, un procedimiento administrativo y la respectiva averiguación penal por diversos delitos como robo, lesiones, tortura, abuso de autoridad, entre otros.

Dichas cuestiones ponen en tela de juicio la imparcialidad para resolver de fondo el asunto. Además, que es competencia de la Federación conocer hechos en los que estén involucrados grupos de la Delincuencia Organizada, así como delitos previstos en leyes federales, como es el caso de la portación de armas de fuego de alto calibre que fueron utilizadas para cometer los delitos. Asimismo, es facultad de la Fiscalía General de la República atraer las investigaciones en caso de concurso de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales[3].

Por lo anterior, y con la finalidad de que se lleve una investigación efectiva, imparcial, seria, encaminada a conocer la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño, los hechos tienen que ser investigados y juzgados por autoridades federales.