El 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican.”

Los decretos son una figura jurídica del derecho administrativo que se encuentra regulada en el artículo 92 constitucional; etimológicamente viene de la palabra latina “decretum”, que quiere decir “orden o sentencia oficial”. Esto significa que los decretos son órdenes del Presidente de la República.

Una de estas órdenes que fueron publicadas de manera oficial la semana pasada, a la letra señala:

“I. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir. El que tenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente.”

El Presidente ordena que de forma voluntaria los altos funcionarios reduzcan sus sueldos hasta en un 25%. Cuando el Ejecutivo ordena a sus subordinados, la palabra “voluntaria” cobra un significado muy distinto.

Todo abogado sabe que la reducción del salario de un trabajador resulta inconstitucional e ilegal, incluso esa reducción se equipara con un despido injustificado ya que las prestaciones que las personas obtienen como fruto de su trabajo no pueden ser disminuidas a voluntad del patrón, aunque ese patrón sea el mismísimo primer mandatario del país.

El gobierno actual se asume heredero de tres de las grandes transformaciones políticas del país: La Independencia de México; la Reforma encabezada por Juárez; y la Revolución Mexicana.

Uno de los mayores logros de la lucha revolucionaria fue el establecimiento de garantías del derecho del trabajo plasmadas en el artículo 123 de nuestra Constitución que buscan proteger a la clase trabajadora de las injusticias de sus patrones, sean quien sean.

Los instrumentos legales deben ser utilizados con precisión y claridad. En este caso ocurre todo lo contrario. El propio coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, así lo reconoce y calificó de “improcedente” el primer punto del decreto presidencial. Como medida de emergencia ante la pandemia, la cabeza del Poder Ejecutivo decide emitir una “orden voluntaria” para que sus trabajadores renuncien a un derecho que por ley es irrenunciable… ¡Olé!