El 8 de julio de 2019, escribí un artículo que titulé “Instituto Chucho el Roto” para hacer algunas reflexiones sobre el entonces recién creado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Unos días antes, el 1 de julio, el presidente de la República presentó un informe de actividades donde enlistaba, como uno de los logros de la autodenominada “Cuarta Transformación”, el supuesto éxito de la nueva institución que reemplazó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) creado en el sexenio de Vicente Fox.

Nombres aparte, lo que llamó mi atención fue la absoluta falta de sustento legal con el que se creó el organismo, así como el manejo político que se pretendía hacer con la enajenación de bienes: el 21 de mayo, sin ley orgánica y sin presupuesto asignado, el presidente anunció en su conferencia mañanera que Ricardo Rodríguez Vargas sería el encargado de dirigir ese nuevo brazo justiciero del Gobierno de México.

En ese entonces señalé que “Crear entidades de palabra y repartir nombramientos al calor de la plaza pública, es una muy mala práctica que termina debilitando a las instituciones, cuando lo que debemos hacer es trabajar para fortalecerlas.”

Para crear un ente de gobierno es necesario seguir un proceso: darle un marco normativo, definir una estructura orgánica, establecer perfiles, presupuesto. Es como las raíces de un árbol: entre más frágiles, más vulnerable a las tempestades y a los caprichos del clima.

El 1 de junio de este año, Ricardo Rodríguez renunció como titular del INDEP. En su lugar, el 16 de junio, tomó posesión Jaime Cárdenas Gracia. Doctor en Derecho, académico, investigador de la UNAM, con una larga trayectoria en el servicio público, es alguien que sabe muy bien acerca de lineamientos, normas y reglamentos.

Para una persona con formación de abogado, que se apega a los procedimientos, dirigir un organismo con las características del INDEP no debió haber sido algo sencillo.

Está muy claro que este instituto fue creado por el presidente como una especie de “cofre” para darle al gobierno federal los recursos que necesita para llevar a cabo su política social, tal como lo señala el propio Jaime Cárdenas en su carta de renuncia.

El problema de que se vea a una entidad pública (con tanto dinero y poco fiscalizada) como si fuera una fuente inagotable de finanzas, es que nace la tentación de brincarse los procesos administrativos con tal de cumplir con celeridad los objetivos y las necesidades presidenciales.

El carácter formalista y la insistencia en los procedimientos generaron molestias. Cárdenas perdió el respaldo del primer mandatario y lo que sucedió después es de dominio público.

De igual forma, se hizo pública la exigencia máxima por parte del titular del Ejecutivo para con sus funcionarios: “Lealtad a ciegas al proyecto de transformación”.

¿Lealtad a ciegas? Para una persona de leyes y de principios este requisito es inadmisible.

Esperemos que este triste episodio de la política, pase a ser una lección sobre la importancia que tiene construir instituciones con profundas raíces legales. Sólo así serán capaces de resistir cuando soplen los vientos de la corrupción.

Al Doctor Jaime Cárdenas, le reconozco su valor y su congruencia. Su renuncia tal vez no sirvió para devolverle al pueblo lo robado, pero por lo menos le devolvió algo de dignidad a nuestras instituciones, al servicio público y al Estado de Derecho.