Desde el siglo XVIII, Montesquieu ya hablaba de un “espíritu de las leyes” para referirse (entre otras cosas) al contexto histórico y social de las normas.

Las leyes poseen un espíritu, un trasfondo que motivó al legislador a dictarlas.

En este sentido, la Constitución de la Ciudad de México, uno de los mayores logros en la historia democrática de nuestra capital, fue construida por un Congreso Constituyente -conformado por un grupo plural de ciudadanas y ciudadanos- con la misión de dotar a la ciudad de una carta magna que estuviera en armonía con el espíritu liberal y progresista que le ha caracterizado en todo el mundo.

La Ciudad de México ha sido una punta de lanza en materia de derechos humanos desde hace décadas, esto se expresa claramente en diversos artículos de su código fundamental.

En concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución local establece en su artículo 4o la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad como principios rectores de los derechos humanos.

Para lograr este objetivo, el Constituyente determinó crear “juzgados tutelares de derechos humanos” en cada una de las alcaldías de la ciudad, mismos que de acuerdo con el artículo vigésimo tercero transitorio de la Constitución capitalina, deberían entrar en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de este año.

Es en este punto donde el proyecto de transformación de Morena entra en conflicto con el espíritu garantista de nuestra Constitución.

Desde diciembre del año pasado, las verdaderas intenciones del gobierno comenzaban a revelarse: en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 que envió la Secretaría de Administración y Finanzas al Congreso local, no se asignó un solo peso para la creación de los juzgados tutelares en las alcaldías.

Al mismo tiempo y como si fuera un mal augurio, el viernes 13 de aquel diciembre, uno de los diputados capitalinos más destacados y prominentes de la fracción de Morena, presentó una iniciativa donde “se propone eliminar de la Constitución Local, la figura de “las y los jueces de tutela” (y desde luego en las demás leyes locales en las que se encuentren previstos)”.

¿Lo hizo por consigna o por convicción? No sabemos. Pero, lo que sí queda claro, es que la “Cuarta Transformación” no tiene ningún interés en apostarle a los derechos humanos.

Así, Morena le miente al pueblo y traiciona a la Constitución.

No mentir. No traicionar.