El martes de la semana pasada, el presidente López Obrador aprovechó unos minutos de su conferencia de prensa para compartir una nueva insidia con el público de la mañanera: “Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, y 10 días después que ganamos esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo.”

Acto seguido, aseguró que se tomarían medidas para revocar el contrato y, esa misma tarde, publicó en su cuenta de Twitter el documento con el que (según él) se “privatizó el puerto de Veracruz” por cien años: “Ni en el porfiriato”, sentenció el mandatario en su tuit.

Al día siguiente, miércoles 19 de agosto, el presidente dio su conferencia desde Querétaro y ahondó en el tema. Pidió a sus asistentes que proyectaran el contrato para que todos pudieran verlo: “Aquí está, es un título de concesión, es a una empresa, Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, S.A. de C.V. (…) Esto es lo que se está entregando, todo el puerto a una empresa particular. Es una privatización.”

Entonces, una periodista que al parecer había estudiado el tema, se atrevió a señalar: “Es que la API tiene como accionistas al gobierno”, cosa que, aunque resulta cierta, fue desestimada por el titular del Ejecutivo.

La figura de Administración Portuaria Integral se creó con la Ley de Puertos publicada en 1993, con la finalidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pudiera concesionar los puertos para hacerlos más rentables y autosuficientes.

En el caso de la API que administra el puerto de Veracruz, la concesionaria es una sociedad mercantil donde (de acuerdo a su escritura pública) las acciones representativas al 99.8% de su capital social pertenecen al Gobierno Federal y el 0.2% a Banobras.

Es decir, se trata de una empresa paraestatal en la que el Estado es el propietario (igual que Pemex o la CFE) y su administrador es designado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, todos los puertos de México (menos el de Acapulco) se encuentran en esta misma situación.

Finalmente, y por tercer día consecutivo, el jueves 20 de agosto en Guadalupe, Zacatecas, el presidente abordó el tema de la privatización “en lo obscurito” del cuatro veces histórico puerto de Veracruz.

Después de hacer alusión a que un grupo de empresarios se había pronunciado en favor del administrador portuario de Veracruz, el jefe del Estado mexicano lanzó una pregunta al aire como para cerrar el caso: “¿En qué quedamos, entonces?, ¿se privatizó o no se privatizó?”.

Haciendo un análisis legal de este asunto, la respuesta es: No.

El Gobierno Federal es dueño del 100% de las acciones de la sociedad mercantil que administra el puerto donde hacen su nido las olas del mar.