A pesar de los avances legislativos y la presión internacional, el combate a la tortura ha sido dejado de lado por las autoridades estatales en materia presupuestal y de recursos humanos.

Desde junio de 2017, se publicó la Ley General contra la Tortura; sin embargo, la mayoría de las entidades siguen sin acatarla.

Por ejemplo, sólo 11 estados cuentan con una Fiscalía Especializada como lo ordena la ley.

Otros 10 estados tienen dentro de su Fiscalía General una unidad para atender ese delito y 11 más no han creado ninguna área especializada.

Según el Observatorio contra la Tortura, estados como Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Baja California no cuentan con ningún agente del Ministerio Público especializado en indagar ese delito.