Acusan falta de voluntad política para resolver grave conflicto y advierten más asesinatos por paramilitares

Por Guillermo Pimentel Balderas

En conferencia de prensa, los dirigentes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (MPJBC) de Amatán, Chiapas, Juan José Juárez Gallegos y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN), Daniel Zúñiga Maldonado, acusaron que las autoridades del estado de Chiapas y del Gobierno de México, siguen incurriendo en omisiones a sus responsabilidades.

Advierten falta de voluntad política del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para atender y resolver el grave conflicto social en el municipio de Amatán, Chiapas, que se ha agudizado y, sostienen que lamentablemente han caído en complicidad criminal.

Respaldan sus palabras por medio de un manifiesto dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las organizaciones y personalidades progresistas de México, a los organismos defensores de Derechos Humanos y, a los pueblos del mundo que luchan por su libertad.

Los dirigentes del MPJBC y de la CNPA MN, advirtieron que seguirán condenando de manera enérgica la actitud indolente, poco sensible y de falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatal.

El grave conflicto social en el municipio de Amatán, Chiapas, aseguran, se ha agudizado a raíz del ataque paramilitar y policiaco contra el plantón pacífico que sostenían integrantes del MPJBC.

A pesar de que hubo llamados de organismos defensores de derechos humanos para resolver el conflicto social por la vía del diálogo y recomendaran medidas de protección para miembros del MPJBC, en una situación de riesgo, las autoridades estatales y federales no hicieron nada, siguieron incurriendo en omisiones, por la cual sostienen que cayeron en complicidad criminal.

Incluso, indicaron que hay 31 personas que fueron incorporadas al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, incluyendo Noé Jiménez Pablo, quien fue localizado con huellas de tortura y asesinado.

A pesar de la agresión paramilitar y policiaca el 17 de enero, los gobiernos estatal y federal siguen sin establecer medidas efectivas de protección para activistas y dirigentes visibles del movimiento. También, debe implicar que deben ser incorporados para su protección a más personas que han sido amenazadas de muerte durante y después de la agresión armada.

Lamentaron que tanto la secretaria de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero ni el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, como lo prometieron, han cumplido su palabra pues han venido posponiendo las reuniones de manera irresponsable.

“Lo peor de todo es que el gobierno federal, al cual le hemos exigido su intervención para resolver este conflicto, sigue MINIMIZANDO el problema pues desde los fatales acontecimientos –muertes de dirigentes-, no ha establecido una reunión”, señalaron.

Además, denunciaron que solo hay mentira por parte de los funcionarios federales y estatales pues mediante Javier Guerrero (director de la Unidad de Gobernación), éste argumentó que el día 23 de enero en su gira a Chiapas, la titular de Gobernación abordó el tema de Amatán con el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón, quien según le dijo que ya estaba en diálogo con el movimiento, lo cual es totalmente FALSO.

De por sí MINIMIZARON los llamados a resolver el conflicto de manera pacífica, MINIMIZARON los hechos del día de la agresión armada e incluso los encubrieron (a los asesinos), emitiendo boletines oficiales, y por si fuera poco, están MINIMIZANDO los llamados de los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y hoy lo siguen MINIMIZANDO, no sentándose para dialogar y dar una salida de fondo al conflicto.

“Siguen encubriendo de esa manera a los Carpio Mayorga y su grupo paramilitar, así como a los posibles autores intelectuales de la agresión armada, que son Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar”, indicaron.

Demandaron que el Estado mexicano asuma su responsabilidad ante los hechos, debe darle una salida pacífica al problema, debe resarcir los daños causados y contribuir a reestablecer el tejido social de las comunidades y colonias del municipio de Amatán, Chiapas.

Exigieron una vez más:

Diálogo al más alto nivel con los gobiernos federal y estatal para resolver el grave conflicto social en Amatán, Chiapas. Es decir, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Destitución inmediata de Manuel de Jesús Carpio como presidente municipal de Amatán, Chiapas.

Desmantelamiento de los grupos paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos, Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar.

Reconocimiento del Consejo Indígena y Popular de Amatán, Chiapas.

Castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.