martes, octubre 20, 2020
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INSISTE CLASE CAMPESINA EN ABOLIR REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL

  • Demandan, echar abajo residuos del neoliberalismo incrustado en dependencias e instituciones de la 4T
  • Entrega #ElCampoEsDeTodos carta a AMLO en Palacio Nacional y en SEGOB

 

 

 

 

 

 

Por Guillermo Pimentel Balderas

Militantes de las organizaciones campesinas UGOCP, CNPA, CIOAC JDL, CCC, UNIMOSS, CNPA MN, FPFVMSXXI, UNORCA, AFERAMICH, FAOCC, RED OSC, UCIN, UPREZ, CNCL LIMAXTUM, CONMOP y CONSUC, que integran el Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos se concentraron en el Hemiciclo a Juárez –Alameda Central- desde las 9 de la mañana para realizar una marcha a Palacio Nacional, y ahí, solicitar una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo entregar una carta-documento en el cual hacen un llamado al Jefe del Ejecutivo a un dialogo franco, respetuoso, propositivo y viable.

En el contenido de la carta, que leyó a nombre de las organizaciones asistentes, el diputado por el estado de México, Max Correa Hernández, se resaltó –e insistió- en abolir la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional, a fin de lograr un nuevo texto.

Se busca, se restituyan derechos a pueblos y comunidades campesinas e indígenas, y se impongan obligaciones al Estado mexicano para construir un nuevo andamiaje institucional y un presupuesto para la inversión productiva en bienes públicos, de apoyo al campo.

Se insistió en un dialogo franco, respetuoso, propositivo y viable con el Presidente de México, para que escuche sus propuestas y exponerle su diagnóstico, así como solicitarle la participación de los organismos campesinos en la formulación del programa sectorial agrario y agropecuario.

El exhorto, va también para que se establezca una nueva relación entre el campo y el Gobierno Federal, donde exista respeto y diálogo pues los campesinos contribuirán con su fuerza y su creatividad para ayudar a sacar al campo y al país del problema que vivimos, se resalta.

Entre otros factores más, se pide reorientar al Programa Especial Concurrente –PEC-, que durante los últimos años no ha ofrecido los resultados esperados, concentrado en algunos estados y productores, con resultados de ser cada vez más dependientes de importaciones de alimentos.

También, demandan terminar con los recortes al Presupuesto destinado a la producción del campo pues el gasto rural presenta recortes y subejercicios inducidos y es prioritario aprovechar el potencial productivo de casi 2.5 millones de unidades de producción nacionales.

De igual manera, es necesario restituir, cuando menos, parte de los recursos que le han recortado al sector rural y que han afectado el inicio de operaciones de varios programas pues se manifiesta que las organizaciones campesinas e indígenas, contrario a lo que se ha dicho, se enmarcan en la constitución política y han sido factor del desarrollo social, político, económico y cultural para México.

Además de que, estas agrupaciones de campesinos e indígenas, ´principalmente, han promovido un desarrollo alternativo pues han sido factor para la estabilidad y han soportado las diferentes crisis de las últimas décadas.

Durante la lectura del texto, se subraya: “Señor Presidente, es necesario que ponga mucha atención a las instituciones agrarias que se crearon con la reforma al Artículo 27 Constitucional, como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, los Tribunales Agrarios, la SEDATU, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría de Protección del Ambiente, la SEMARNAT, que son instituciones que se corrompieron y coludieron su actuación para despojar a ejidos y comunidades de sus territorios, cometiendo prevaricato.

Sus funcionarios –agrega-, cuya mayoría son los mismos de gobiernos neoliberales, han pasado a defender intereses de desarrolladores inmobiliarios, mineras, industrias, y demás intereses privados nacionales y extranjeros, atropellando derechos de campesinos ejidatarios y comuneros, para construir obras faraónicas, autopistas, aeropuertos, minas, monocultivos concesionados a particulares, desarrollos turísticos, etc. Lo que violenta derechos humanos fundamentales, muchos compañeros nuestros han sido perseguidos encarcelados y asesinados por oponerse a esta realidad.

Destaca que al día de hoy, todo esto ha sido llevado a cabo sin el derecho a la consulta, previa, libre e informada como lo estipula el convenio 169 de la OIT, por lo que apelamos a su gobierno para que la legislación en materia de consulta a los pueblos, sea con “carácter vinculante”; así como la reforma al Artículo 2 constitucional para el reconocimiento de las comunidades indígenas y campesinas como sujetos de derecho público, y así, armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales.

Actualmente –continua- observamos que el discurso de “no tener trato con las organizaciones campesinas” se aplica cabalmente en la SEDATU, lo que agrava la ya de por sí difícil situación que se tenía con los gobiernos anteriores, sin entender a plenitud, la importancia de la organización campesina en el sector rural. Además del desmantelamiento de la institución, la disminución de presupuesto y las nulas funciones e instrumentos de desarrollo agrario, en las representaciones estatales de la Procuraduría Agraria y las visitadurías, en las oficinas estatales del Registro Agrario Nacional y SEDATU, siguen operando los mismos funcionarios corruptos que han generado las condiciones para propiciar conflictos agrarios y despojos de tierras y recursos a los campesinos.

Manifiesta que los encargados designados por el nuevo gobierno no tienen nombramientos ni atribuciones legales para actuar. No hay ningún cambio favorable, y peor aún, los viejos funcionarios siguen en su “año de Hidalgo” antes de que los corran. Los conflictos agrarios derivados de la aplicación del PROCEDE, sentencias del Tribunal Agrario de reconocimiento y titulación de bienes comunales, Resoluciones Presidenciales, obligaciones jurídicas ineludibles, expropiaciones y demás, se han postergado en su atención y solución.

Advierte que los actos de corrupción para calificar actas de asambleas de elección de representantes de los núcleos agrarios, asambleas de destino y asignación de parcelas, listas de sucesores, certificados agrarios, etc., siguen realizándose por los mismos corruptos, con el beneplácito de funcionarios de la Procuraduría Agraria, y con las puertas cerradas de la SEDATU a los campesinos y sus organizaciones.

“Señor Presidente, de julio a diciembre del año pasado, muchos servidores públicos de confianza en delegaciones y oficinas regionales han venido afectando el proceso real de la 4ta Transformación, sus prácticas corruptas laceran la imagen de un gobierno aliado, han extendido hasta la fecha, antes de ser despedidos actividades y malas prácticas que corresponden a vicios de gobierno anteriores que 30 millones de mexicanos decidieron extirpar. Usted barre la corrupción como las escaleras, de arriba a abajo, pero abajo, los mismos corruptos siguen despachando en oficinas gubernamentales del sector agrario, PA, RAN, Tribunales Agrarios, en la CONAGUA, SADER y SEMARNAT y otras dependencias.

El neoliberalismo disminuyo presupuesto e inversión pública dedicada al campo. Se dejó de invertir en bienes públicos como la investigación, el extensionismo y la asistencia técnica; ya no se construyeron caminos rurales y puentes para facilitar la salida de los productos, se abandonaron bodegas y almacenes; la producción de semillas y fertilizantes se perdió; el crédito y el seguro agrícola desapareció, y se privatizó al igual que otros servicios que anteriormente otorgaba el Estado, a través de sus diversas instituciones; se eliminaron precios de garantía, se vendió y privatizo la infraestructura estratégica de almacenamiento de granos; el neoliberalismo justifico estas acciones argumentando la necesidad de disminuir el costoso mantenimiento de una burocracia que, no servía a los negocios privados de la nueva oligarquía, pero que en un inicio si nos servía a los campesinos, pero que se corrompió a lo largo de los años”, refiere la carta.

En entrevista, por separado, el senador José Narro Céspedes, dirigente de la CNPA, señaló que el Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos, busca el diálogo con el Presidente López Obrador para exponerle el diagnóstico de las mujeres y los hombres rurales y solicitar la participación en la formulación de los programas agrario y agropecuario.

El legislador de Morena, confió en que se establezca una nueva relación entre el campo y el Gobierno Federal, donde exista respeto y diálogo. Aseguró que los campesinos contribuirán con su fuerza y su creatividad para ayudar a sacar al agro nacional y a México del problema que se vive.

Luego de entregar la carta campesina a la representante de AMLO, los contingentes se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, donde también se recibió el documento.

SE ANEXA CARTA CAMPESINA AL PRESIDENTE DE MÉXICO

CARTA CAMPESINA

AL PRESIDENTE DE MÉXICO

MOVIMIENTO #ELCAMPOESDETODOS

 

 “… la organización obrera, lo mismo que la organización campesina,

son indispensables para que en el país se cumpla con las leyes. No basta con

la buena voluntad de los funcionarios públicos, ni con los mandamientos

contenidos en la legislación que nos rige. Hay necesidad de una fuerza superior

que no puede ser otra que la de los trabajadores organizados para vencer

resistencias que desgraciadamente se oponen al mejoramiento económico

de nuestro pueblo”.

Discurso del General Lázaro Cárdenas del Río

Marzo de 1936. Guadalajara, Jalisco.

 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Al reformar el Artículo 27 Constitucional en 1992, el neoliberalismo impuso en México la

reforma estructural más profunda y radical, traicionó la causa más sentida de la Revolución

Mexicana, dañó el legado de la Tercera Transformación de la vida pública, afectando los

derechos que se ganaron al alto costo de un millón de vidas, entre ellas las del General

Francisco Villa y el General Emiliano Zapata, la afectación a la propiedad.

En el año del General Emiliano Zapata Salazar, tenemos la responsabilidad histórica de

iniciar un reclamo nacional para restituir los derechos de pueblos y comunidades campesinas,

indígenas y afromexicanas, de recuperar el legado histórico de la propiedad social. La

reforma neoliberal realizada al Artículo 27 Constitucional, limitó nuestro derecho a la tierra,

al agua, bosques y selvas, a nuestros recursos naturales, fue la causa y el pretexto por la que

se inició el desmantelamiento de las instituciones que el Estado mexicano había construido

para garantizar esos derechos e impulsar el desarrollo productivo y el bienestar de la

población rural, desde el ejido y la comunidad.

No obstante que el actual texto constitucional “prohíbe” el latifundio en México y que la

reforma neoliberal dejo la responsabilidad a los Congresos locales para legislar respecto al

combate y división de latifundios, solo unos cuantos han promulgado mecanismos laxos para

simular en la materia.

Durante cinco sexenios se desmantelaron las instituciones nacionales de apoyo al campo, con

gobiernos que seguían recetas y programas dictados desde otras latitudes, abandonaron a su

suerte a los campesinos, sometiéndolos con el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte TLCAN, hoy T-MEC, a una competencia desleal frente al tesoro norteamericano que

cada cinco años aumenta los subsidios a los agricultores norteamericanos, generando

desempleo, pobreza, despojos, migración, dependencia alimentaria, desvinculación a la

tierra, afectaciones ambientales, violencia en el campo y ciudades de nuestro país.

Durante el Cardenismo se repartieron 20 millones de hectáreas a campesinos, pero en los

años aciagos de neoliberalismo, más de 30 millones de hectáreas se han concesionado a

mineras, se han acaparado los derechos de dotaciones y concesiones de agua, y se han

conformado nuevos latifundios en manos de políticos, ex gobernantes, lavadores de dinero,

y traficantes de influencias.

Señor Presidente, es necesario que ponga mucha atención a las instituciones agrarias que se

crearon con la reforma al Artículo 27 Constitucional, como la Procuraduría Agraria, el

Registro Agrario Nacional, los Tribunales Agrarios, la SEDATU, la Comisión Nacional del

Agua, la Procuraduría de protección del ambiente, SEMARNAT, que son instituciones que

se corrompieron y coludieron su actuación para despojar a ejidos y comunidades de sus

territorios, cometiendo prevaricato.

Sus funcionarios, cuya mayoría son los mismos de gobiernos neoliberales, han pasado a

defender intereses de desarrolladores inmobiliarios, mineras, industrias, y demás intereses

privados nacionales y extranjeros, atropellando derechos de campesinos ejidatarios y

comuneros, para construir obras faraónicas, autopistas, aeropuertos, minas, monocultivos

concesionados a particulares, desarrollos turísticos, etc. Lo que violenta derechos humanos

fundamentales, muchos compañeros nuestros han sido perseguidos encarcelados y

asesinados por oponerse a esta realidad.

Aún al día de hoy, todo esto ha sido llevado a cabo sin el derecho a la consulta, previa, libre

e informada como lo estipula el convenio 169 de la OIT, por lo que apelamos a su gobierno

para que la legislación en materia de consulta a los pueblos, sea con “carácter vinculante”;

así como la reforma al Artículo 2 Constitucional para el reconocimiento de las comunidades

indígenas y campesinas como sujetos de derecho público, y así, armonizar las leyes

nacionales con los tratados internacionales.

Actualmente observamos que el discurso de “no tener trato con las organizaciones

campesinas” se aplica cabalmente en la SEDATU, lo que agrava la ya de por sí difícil

situación que se tenía con los gobiernos anteriores, sin entender a plenitud, la importancia de

la organización campesina en el sector rural. Además del desmantelamiento de la institución,

la disminución de presupuesto y las nulas funciones e instrumentos de desarrollo agrario, en

las representaciones estatales de la Procuraduría Agraria y las visitadurías, en las oficinas

estatales del Registro Agrario Nacional y SEDATU, siguen operando los mismos

funcionarios corruptos que han generado las condiciones para propiciar conflictos agrarios y

despojos de tierras y recursos a los campesinos.

Los encargados designados por el nuevo gobierno no tienen nombramientos ni atribuciones

legales para actuar. No hay ningún cambio favorable, y peor aún, los viejos funcionarios

siguen en su “año de Hidalgo” antes de que los corran. Los conflictos agrarios derivados de

la aplicación del PROCEDE, sentencias del Tribunal Agrario de reconocimiento y titulación

de bienes comunales, Resoluciones Presidenciales, obligaciones jurídicas ineludibles,

expropiaciones y demás, se han postergado en su atención y solución.

Los actos de corrupción para calificar actas de asambleas de elección de representantes de

los núcleos agrarios, asambleas de destino y asignación de parcelas, listas de sucesores,

certificados agrarios, etc., siguen realizándose por los mismos corruptos, con el beneplácito

de funcionarios de la Procuraduría Agraria, y con las puertas cerradas de la SEDATU a los

campesinos y sus organizaciones.

Señor Presidente, de julio a diciembre del año pasado, muchos servidores públicos de

confianza en delegaciones y oficinas regionales han venido afectando el proceso real de la

4ta Transformación, sus prácticas corruptas laceran la imagen de un gobierno aliado, han

extendido hasta la fecha, antes de ser despedidos actividades y malas prácticas que

corresponden a vicios de gobierno anteriores que 30 millones de mexicanos decidieron

extirpar. Usted barre la corrupción como las escaleras, de arriba a abajo, pero abajo, los

mismos corruptos siguen despachando en oficinas gubernamentales del sector agrario, PA,

RAN, Tribunales Agrarios, en la CONAGUA, SADER y SEMARNAT y otras dependencias.

El neoliberalismo disminuyo presupuesto e inversión pública dedicada al campo. Se dejó de

invertir en bienes públicos como la investigación, el extensionismo y la asistencia técnica;

ya no se construyeron caminos rurales y puentes para facilitar la salida de los productos, se

abandonaron bodegas y almacenes; la producción de semillas y fertilizantes se perdió; el

crédito y el seguro agrícola desapareció, y se privatizó al igual que otros servicios que

anteriormente otorgaba el Estado, a través de sus diversas instituciones; se eliminaron precios

de garantía, se vendió y privatizo la infraestructura estratégica de almacenamiento de granos;

el neoliberalismo justifico estas acciones argumentando la necesidad de disminuir el costoso

mantenimiento de una burocracia que, no servía a los negocios privados de la nueva

oligarquía, pero que en un inicio si nos servía a los campesinos, pero que se corrompió a lo

largo de los años.

Durante estas cuatro décadas, campesinos e indígenas hemos formado organizaciones

diversas, para resistir al neoliberalismo y sus gobiernos, hemos conformado diversos frentes

unitarios, y abrazamos la esperanza de un cambio verdadero. A través de las urnas y no de

las armas, derrotamos a esos gobiernos, y contribuimos con nuestro sufragio a establecer una

mayoría en el Constituyente Permanente favorable a nuestra causa.

Hoy tenemos un Presidente, que tiende la mano a quienes siempre estuvieron abandonados,

sin intermediarios entrega apoyos previos al inicio del ciclo agrícola y ofrece precios de

garantía al maíz, frijol, trigo y arroz, otorga apoyos a caña de azúcar y café; la agricultura

familiar campesina e indígena del centro y sur sureste, tiene esperanza.

No obstante, es necesario fortalecer la inversión productiva en bienes públicos, como la

investigación, los caminos rurales saca-cosecha, pequeñas bodegas, y almacenes de depósito,

medidas fito-zoosanitarias, pequeñas obras de cosecha de agua e irrigación, creación de

agroindustria para agregar valor a los productos primarios, para desarrollar proveedores para

surtir mercados locales y a SEGALMEX con productos frescos y envasados para el abasto

en comunidades, escuelas, para alimentar a la guardia nacional, las cárceles, etc.

Para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y el abasto de alimentos, es necesario

democratizar el crédito utilizando la banca de desarrollo e involucrando a la banca social, a

tasas blandas de un dígito, y garantizar el acceso al seguro agrícola, rescatar nuestras semillas

nativas y de producción nacional y comunal, tener asistencia técnica en nuestros ejidos y

comunidades, y fortalecer nuestra organización productiva con principios cooperativistas, y

con el apoyo y acompañamiento de los programas y presupuesto público de nuestro gobierno.

Queremos solicitarle establecer con Usted, un compromiso para reformar el Artículo 27

Constitucional, un texto que reconozca los derechos de la madre tierra, y que le restituya el

derecho a acceder a sus recursos y convivir con ella, con el agua, y la biodiversidad de sus

territorios, a los pueblos campesinos e indígenas, y que, derivado de ello, se establezca un

nuevo andamiaje institucional de nuestro gobierno, para impulsar una nueva generación de

derechos y libertades, en la llamada Cuarta Transformación, para que nuestros ejidos y

comunidades vuelvan a ser productivos y que ello nos permita lograr el bienestar de nuestras

familias y seguir contribuyendo a la autosuficiencia y salud alimentaria, y construir la paz

que el neoliberalismo le arrebató a nuestro México.

Respetuosamente, le solicitamos la oportunidad de tener un diálogo circular con Su persona,

para expresarle nuestras propuestas y compromisos para el programa sectorial agrario,

agropecuario y forestal, y para la atención y soluciones a la agenda productiva y agraria.

Juntos, gobierno y campesinos e indígenas, podemos darle contenido y rumbo a la Cuarta

Transformación.

Ciudad de México, a 20 de julio del 2019.

Atentamente

Organizaciones que integran #ElCampoEsDeTodos

 

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