México presenta un avance de sólo 40% en las políticas de detección de lavado de dinero de acuerdo a los estándares internacionales.

La prevención de actividades como el lavado del dinero, que afectan la integridad del sistema financiero internacional, es el objetivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que integraron inicialmente Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

GAFI evalúa el cumplimento de sus recomendaciones en cada país y en las tres evaluaciones realizadas en 2000, 2003 y 2008, cumplió 24 de las 40 recomendaciones emitidas. Pese a eso, se ubica por encima del promedio de los países miembros del GAFI, de las economías agrupadas en el G20 y de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT).

A nivel nacional, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es el ordenamiento legal en materia de antilavado de dinero, expedida en octubre del 2012. Presentó una reforma seis años después con la expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. La intención conjunta es proteger el sistema financiero y la economía nacional de las operaciones financieras ilícitas que se utilicen para financiar organizaciones delictivas.

Algunas de las actividades vulnerables de actos ilícitos son juegos de azar, préstamos de organizaciones fuera del sistema bancario, comercialización de artículos de lujo como obras de arte, servicios de construcción o compra venta de bienes inmuebles o servicios profesionales de intermediación laboral.

A raíz de la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), se establecen acuerdos sobre disposiciones adicionales para regular los servicios financieros o medidas de prevención de lavado de dinero.

Así, se realizaron propuestas de reformas legislativas en febrero del 2019. Esto para mejorar el resultado obtenido en las evaluaciones emitidas por GAFI, tanto en la parte técnica como en la efectividad, a través de:

Integrar diversas figuras enfocadas principalmente en el Financiamiento al Terrorismo; Persona Políticamente Expuesta (PEP); Enfoque Basado en Riesgo (EBR); Beneficiario Final; Operaciones Sospechosas y Otras medidas.

Incorporar el financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos con consecuencias jurídicas por intervención en la comisión de delitos.

Incluir la Defraudación Fiscal y la Defraudación Fiscal Equiparada al catálogo de delitos cometidos por la Delincuencia Organizada

Sanciones a los delitos fiscales que dañen las finanzas públicas, para combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y a las empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Así, se tiene un avance en la materia de fiscalización de recursos con lo que pueden limitarse las actividades ilegales en el país. El supuesto de liderazgo de México en la materia, sin embargo, no debe generar un precedente de complacencia si deseamos transparentar al sistema fiscal a nivel nacional e internacional. Falta mucho por hacer todavía.