• Endurecen persecución contra causantes; los exhibe a todos como corruptos

Miguel A. Rocha Valencia

Es claro que el gobierno federal inició una “cacería” contra evasores, elusores y defraudadores fiscales, que, a la larga, más que acarrearle recursos financieros, hará crecer la informalidad, el mercado “negro” y reducirá los ingresos a la tesorería federal.

Para iniciar, el SAT que encabeza Raquel Buenrostro y la Procuraduría Fiscal de la Federación a cargo de Carlos Romero, tuvieron a bien publicar las razones fiscales y nombres de al menos 700 empresas consideradas que caen el rubro de elusión, evasión y falsificación de facturas, con lo cual, se logra intimidar a los mencionados y a quienes “se portan mal” o tienen la intención de hacerlo.

Se afirma que la elusión y evasión, representan poco más de 500 mil millones de pesos anuales, ya sea a través de la devolución de impuestos (incluso con facturas falsas), salvedades en la Ley, estímulos a empresas o bien disfrazando actividades y reportando utilidades menores.

Y es cierto que existe esa práctica, así como salvedades que estipula la ley con fines de estimular la actividad económica y la inversión.

El tema es que como ya es costumbre en el gobierno de la Cuarta, se aplica el racero en todos los casos; algunas empresas son culpables y otras no, pero de entrada se les condena a todas y hasta las publican para escarnio público y el mundo de las inversiones.

La condena pública a que se ven sujetas las empresas, les resta valor “moral” y de cotización, llegándose el caso de que algunas de ellas ven cancelados créditos en curso o la imposibilidad de acceder a recursos públicos y privados para financiarse.

Es decir, le pegan en las espinillas a los empresarios en el momento en que el gobierno federal necesita mayores inversiones y el país requiere el crecimiento de las empresas  en todos los ramos, lo mismo en servicios que obra pública.

Este es el riesgo que como siempre no miden los de la Cuarta, pues simplemente dan por descontado que todos quienes tienen lana o son empresarios, son corruptos, rateros, explotadores, elusores y demás.

Con ello, insistimos, las empresas se retraerán, disminuirá la inversión, caerá el empleo y eso lo vamos a pagar todos los mexicanos.

SAT y Fiscalía, debieron llamar a los sospechosos o aplicarles la ley, en corto; al menos la secrecía daría la oportunidad a los imputados de pagar o aclarar deudas, pero así, por lo pronto, ya les pegaron en su reputación pública y privada…

¡Gracias señor Presidente!