Garantizarán transparencia de elecciones que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024
Por Guillermo Pimentel Balderas
La titular de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, ratificó el compromiso del Gobierno de México para evitar que los recursos destinados a la implementación de programas sociales sean utilizados con fines político-electorales.
En el marco de la firma de Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de la Función Pública, la funcionaria federal aseguró que “estamos comprometidos con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas».
Agregó que en la dependencia a su cargo «somos conscientes que el dinero de los programas sociales nunca más debe utilizarse con fines políticos”. Y, sostuvo: “No vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos y menos con los recursos destinados a brindar atención a las personas que viven en situación de mayor precariedad”.
En el Auditorio del INE, ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien participó como testigo de honor; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y el secretario ejecutivo del mismo Instituto, Edmundo Jacobo Molina, Albores González señaló que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, “no se permitirán actos de corrupción ni delitos electorales”.
También, aseguró que se tomarán las acciones pertinentes, en caso de identificar que algún servidor público utilice de manera incorrecta los recursos públicos durante los procesos electorales que se llevarán a cabo este año en seis estados de la República.
Adelantó que, en el transcurso de éste y los siguientes años, “se fortalecerán los mecanismos de control para el ejercicio transparente y correcto de los recursos públicos y se implementará un mecanismo para prevenir que la operación de los Programas de Bienestar influya en el ambiente electoral”.
La titular de Bienestar puntualizó que estos compromisos se formalizan con la firma de este Convenio de Colaboración con el Instituto y la Secretaría de la Función Pública, el cual estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.
“Queremos hacer realidad la esperanza de millones de personas de mejorar sus condiciones de vida, de apoyar a los más necesitados y que las familias vivan con bienestar y tranquilidad”, apuntó.
