Con el propósito de acercar la justicia administrativa a la ciudadanía bajo un enfoque humano, ético y con valores, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán suscribieron un convenio de colaboración encabezado por el magistrado presidente, Andrés Aguilera Martínez, y el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.
La firma se llevó a cabo en el foro “Hugo Argüelles”, en Coyoacán, donde se congregaron por primera vez los 11 integrantes de la Sala Superior y los 15 magistrados que conforman las salas ordinarias del Tribunal.
El acuerdo tiene como finalidad aprovechar mejor los recursos y compartir capacidades técnicas, con el objetivo de que la justicia administrativa sea parte de la vida cotidiana de las y los habitantes de la demarcación, y no un proceso lejano, todo ello bajo principios de transparencia, legalidad y buen gobierno.
En su mensaje, Aguilera Martínez subrayó que acercar la justicia implica eliminar obstáculos, evitar trámites complicados y largos desplazamientos, así como convertir el lenguaje jurídico en respuestas prácticas para la ciudadanía.
“La justicia que no se conoce no se ejerce; la que no se acerca se debilita, y la que no se coordina se fragmenta. Hoy apostamos por una justicia cercana, clara y coordinada”, expresó.
Por su parte, Giovani Gutiérrez señaló que la justicia también debe entenderse desde una perspectiva humana, y afirmó que los servidores públicos tienen el deber de actuar con valores y principios para responder a la confianza de la población.
El convenio contempla diversas acciones, entre ellas la participación del Tribunal en la “Ruta Violeta” mediante módulos informativos sobre trámites y servicios; la realización de jornadas de capacitación conjunta para el personal de ambas instituciones; la creación de canales de atención directa; y la difusión de materiales informativos para que la ciudadanía conozca sus derechos y los mecanismos para defenderlos.
Este instrumento tendrá vigencia inicial hasta el 30 de septiembre de 2027, con posibilidad de renovarse de manera indefinida, y representa —de acuerdo con ambas autoridades— un avance hacia una administración pública más cercana, accesible y eficiente para la población.