Miguel Ángel Casique Olivos
Desde los primeros días de febrero de 2024, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enunció el más reciente paquete de reformas, se vislumbró que alguna de esas iniciativas resultaba una hacha bien afiliada con la que se proponía “cortar la cabeza” a varios organismos autónomos, entre ellos la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con el argumento de que “no sirven para nada” y son “facciosos, onerosos y antipopulares”.
En uno de sus espectáculos mañaneros, AMLO aseguró que se proponía “eliminar todas las dependencias y organismos onerosos” porque, durante muchos años, en ellos “se fue creando una burocracia dorada” que gastaba mucho dinero del presupuesto federal, requerido en otros rubros. Días después aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se vería afectada.
Hoy, a seis meses de esas declaraciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados concretó el dictamen que liberará la reforma constitucional enviada por AMLO para deshacerse de los organismos autónomos. Los entes públicos cancelados son el Inai, la Cofece, la CRE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE).
Para eliminarlos sólo falta discutir las propuestas en comisiones durante agosto y esperar a que, en septiembre, cuando se integren las nuevas legislaturas de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, se voten con mayoría calificada junto a otras 15 iniciativas. Todo indica que AMLO logrará sacar adelante su paquete de reformas porque Morena y sus aliados son una aplanadora.
Y será así como el mandatario saliente de México, contra la opinión de los analistas expertos y la voluntad de gran parte del pueblo que ve con buenos ojos a los organismos autónomos, porque operan como “un contrapeso” a las decisiones de las autoridades federales, verá cumplido el último de sus caprichos y ocurrencias cuando faltan solamente dos meses para que termine su ciclo gubernamental.
Se ha dicho que las tareas realizadas por los organismos autónomos serán ejercidas por otras dependencias del gobierno; que el Inai las cederá a la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Coneval al Inegi; las del IFT pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); las de la CNH y la CRE a la Secretaría de Energía (SE), y las del SNMCE a la SEP.
Según el Gobierno Federal morenista, en los pasados seis años se destinaron 32 mil 300 millones de pesos (mdp) a los organismos autónomos; que el IFT recibió más recursos; que le siguió el Inai, con seis mil 900 mdp y que la Cofece contó con cuatro mil 300 mdp.
Pero lo más relevante de la desaparición de estas instituciones autónomas no será el ahorro financiero, sino en el gran hueco que su ausencia abrirá en el cuerpo de un Estado nacional como el de México, en el que el añejo presidencialismo priista, ahora recuperado por Morena, siempre ha tendido hacia las decisiones autoritarias para favorecer los intereses políticos de partido y los de los grandes empresarios oligárquicos.
En el ámbito gubernamental se dice que el dinero hasta ahora gastado en los organismos autónomos “será destinado” al Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB). Esperemos que así sea, a pesar del control político-electoral con el que siempre lo orientó AMLO, quien seguirá operando en el próximo gobierno, porque seguirá repartiéndolo, con tarjetas o sin tarjetas para manipular, engañar y comprar la consciencia de miles de mexicanos.
