Miguel Ángel Casique Olivos
En el primer minuto del pasado 21 de agosto, ministros, jueces y trabajadores del Poder Judicial (al menos mil 700) se declararon en paro de laborales contra la reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponer, este lunes 26, mediante la aprobación de un dictamen que en nada cambiaría el contenido de su iniciativa original, un “regalito de despedida” cuyo objetivo perverso consiste en modificar el sistema de gobierno republicano existente en México desde hace un par de siglos.
Lo más significativo y sospechoso de esta crisis política –nunca vista en el pasado reciente y que indudablemente traerá consecuencias negativas para muchos mexicanos– es que ni la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ni su partido Morena se beneficiarán, porque los exhibe como “lobos hambrientos” que quieren devorar al único poder de la federación que hoy se mantiene independiente.
La propuesta de cambio al Poder Judicial que ha provocado mayor inconformidad entre sus múltiples componentes consiste en que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean nombrados por elección popular; es por ello que las dos expresiones más a la vista en las movilizaciones convocadas al paro son: “Jueces por voto popular, no; carrera judicial, sí” y “Juzgar no es asunto de popularidad. Basta de mentiras, el Judicial es un poder honesto”.
Más allá de lo que se diga en la esquina sureste de la Plaza de la Constitución, donde convergen físicamente los poderes Ejecutivo y Judicial, los mexicanos debemos recordar a los morenistas que la división de poderes es la base de toda democracia, que esta separación garantiza la independencia de cada uno de los tres e impide, al menos en el papel, que uno quiera intervenir en los otros dos.
Pero ¿esa independencia realmente existe? ¿Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han sido realmente autónomos? Las dos décadas pasadas, en las que gobernaron dos panistas, un priista y un morenista, nos ofrecen la respuesta: en los cuatro periodos sexenales el Poder Ejecutivo controló, por vía “democrática”, al Poder Legislativo (cámaras de Diputados y Senadores) y al Poder Judicial; por lo que los tres poderes se juntaron y la división de poderes sólo significó una “buena intención”.
Hoy, más que nunca, podemos constatar que los partidos políticos son marionetas controladas por el presidencialismo; prueba de ello es la reelección, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Alejandro Moreno, Alito, con el apoyo de Morena y AMLO, quien no sólo manda en el tricolor sino, convertido en la ley “suprema” en una autocracia con disfraz “democrático”.
El Poder Ejecutivo en México es tan poderoso porque la Carta Magna y las leyes complementarias le otorgan muchas facultades; y en algunos casos interfieren en los ámbitos de los otros dos poderes. A este hecho se debe que, durante más de 30 años, no reflexionamos en que vivíamos bajo una dictadura encabezada por el Presidente en turno. Nos guste o no, ésa fue y es la realidad.
En México, el Presidente no respeta la independencia de los otros poderes; y tampoco toma en cuenta la voluntad del pueblo, del que sólo se acuerda cuando hay elecciones. Nada cambió con Morena en el poder; como un dictadorzuelo, AMLO destruyó prácticamente todas las instituciones públicas y autónomas, el tejido social y sus acciones de gobierno profundizaron la pobreza, la violencia y el abandono.
Las reformas que AMLO y Morena están imponiendo al Poder Judicial solamente son un paso más para conseguir el control absoluto. Los cambios, planteados engañosamente con el argumento de que el pueblo será el que elija a “sus” jueces, magistrados y ministros, tienen el verdadero propósito de que el Ejecutivo Federal goce de mayor injerencia en el Poder Judicial, lo que representa un grave riesgo para la justicia mexicana.
