- La situación en la frontera sur de México ha alcanzado niveles alarmantes, según denuncias que acusan al crimen organizado de intensificar sus actividades violentas
- Activistas y migrantes demandan la atención urgente del Gobierno mexicano, a quien responsabilizan de ignorar las crecientes problemáticas de corrupción
María Escalante García
En los últimos meses, la situación en la frontera sur de México ha alcanzado niveles alarmantes, según denuncias de activistas y migrantes que acusan al crimen organizado de intensificar sus actividades violentas en la región. Estos grupos demandan la atención urgente del Gobierno mexicano, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabilizan de ignorar las crecientes problemáticas de corrupción y violencia que afectan a los más vulnerables: los migrantes en tránsito.
El principal reclamo radica en la falta de respuesta por parte de las autoridades frente al auge del crimen organizado, que ha logrado establecer un control considerable sobre los pasos fronterizos. Extorsiones, secuestros, tráfico de personas y asesinatos son solo algunas de las denuncias frecuentes. Los migrantes, provenientes en su mayoría de países de Centroamérica y del Caribe, se ven atrapados entre el endurecimiento de las políticas migratorias y el acecho constante de organizaciones criminales que, según los activistas, operan en complicidad con autoridades corruptas.
Escenario de impunidad
La región que abarca los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, entre otros, ha sido por años una zona de alto flujo migratorio. Sin embargo, en meses recientes, los testimonios indican un recrudecimiento de la violencia que parece tener sus raíces en la corrupción institucional. Los activistas señalan que la presencia del crimen organizado en esta región se ha fortalecido al encontrar poca resistencia por parte de las fuerzas del orden.
«El gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los migrantes», afirma una activista de una ONG que trabaja en Tapachula, Chiapas. «La violencia ha escalado a tal nivel que, en muchos casos, los migrantes prefieren entregar lo poco que tienen a los delincuentes antes que denunciar, porque no confían en las autoridades».
El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de López Obrador, impulsado en gran medida por acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración hacia el norte, ha generado un cuello de botella en la frontera sur. Esto ha dejado a miles de personas varadas, expuestas no solo a condiciones precarias de vida, sino también al acecho de redes criminales que explotan su situación de vulnerabilidad.
El papel del gobierno de López Obrador
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado críticas por su gestión de la crisis migratoria, los críticos aseguran que estas medidas son insuficientes o mal implementadas.
«El problema no es solo la falta de recursos, sino la falta de voluntad política», sostiene un líder comunitario de la región. «El crimen organizado tiene un control significativo en las rutas migratorias, y eso no sería posible sin la complicidad de algunos funcionarios. Es una red de corrupción que va desde los niveles locales hasta los más altos».
Mientras tanto, el presidente López Obrador ha defendido su política migratoria al señalar que ha trabajado en colaboración con gobiernos de Centroamérica para abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen. No obstante, las cifras de detenciones, deportaciones y crímenes contra migrantes en territorio mexicano continúan creciendo, lo que ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos.
Un llamado urgente
Las organizaciones de derechos humanos y los propios migrantes que recorren este peligroso trayecto han levantado la voz, exigiendo mayor protección y una estrategia integral que enfrente tanto la corrupción como la violencia. Para ellos, no se trata solo de contener el flujo migratorio hacia el norte, sino de garantizar que quienes transitan por el país no sean víctimas del crimen organizado o de las mismas autoridades.
«Los migrantes no son criminales; son personas que huyen de la pobreza y la violencia», señaló un migrante hondureño que llegó a la frontera sur hace meses y que ahora teme por su seguridad. «Solo queremos una oportunidad para vivir, pero lo único que encontramos aquí es más sufrimiento».
El llamado de activistas y migrantes es claro: el gobierno debe tomar medidas urgentes para frenar la violencia y la corrupción que dominan la frontera sur, o las consecuencias humanitarias seguirán agravándose. La frontera se ha convertido en un escenario de impunidad donde los derechos básicos de los migrantes son continuamente violados, y mientras la respuesta gubernamental siga siendo insuficiente, la crisis se profundizará.
