• La iniciativa de la diputada del PVEM señala que el 97 por ciento de juicios familiares son promovidos por mujeres y sólo el tres por ciento se concluye
Con el fin de modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos, la diputada Claudia Sánchez Juárez (PVEM) presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta, que se presentó en conjunto con La Colectiva “Caso 992” (Las Novias), plantea modificar dicho Código para ayudar a las mujeres, especialmente a las que viven en condiciones precarias, a que tengan el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), durante los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.
La legisladora señaló en un comunicado que al erradicar la peligrosidad procesal se garantizará que los agresores no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva, suprimiendo la impunidad que enfrentan miles de familias en nuestro país.
Según datos de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97 por ciento de los juicios familiares relacionados con alimentos son promovidos por mujeres y lamentablemente apenas el tres por ciento llega a la etapa de conclusión.
De acuerdo con la iniciativa, de los pocos casos donde se dicta una sentencia o pensión alimenticia provisional, apenas el 10 por ciento se cumple, siendo que uno de cada diez menores que tiene derecho a recibir una pensión logra recibir el cobro efectivo antes de alcanzar la mayoría de edad.
Sánchez Juárez reconoció que “gracias a este colectivo (Caso 992), la violencia vicaria es visible en este país y ahora muchos colectivos lo están retomando para que esto pare”.
Asimismo, mencionó que actualmente las normas procesales brindan facilidades a fin de que estos agresores oculten bienes e ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones, por lo que la carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, la legisladora, en compañía de Tere Alanís, Regidora de Lerma; Ingrid de los Ángeles Tapia, lideresa de la colectiva Caso 992 y los activistas José Tapia y Magdalena Chichino, mencionó que con esta reforma se busca apoyar a las mujeres que son cabeza de familia a que no tengan que asignar recursos que pueden ser para sus hijos para cubrir los gastos de un juicio.
