Carlos Ramos Padilla
Estamos vigilantes a la comisión de dos graves errores, uno, desaparecer al INAI. Dos, sujetarlo en sus funciones a una secretaría (todavía Función Pública) y pretender que el gobierno puede ser juez y parte, es decir, que el oficialismo determine qué información divulga y cuál entra en reserva.
Los comisionados del INAI, presumiendo que son un órgano colegiado, no quisieron ver o entender lo que ocurriría, su desaparición. Permanecieron, vaya ironía, en silencio, ausentes mientras los trabajadores del Poder Judicial han mostrado valentía y determinación por defender lo suyo.
Atacar a los órganos autónomos y más a una institución como el INAI que abastece de información vital a la nación es innecesario.
Una democracia de vanguardia y un gobierno seguro de su potencial permite el crecimiento social a través de la información y del conocimiento de lo que por naturaleza tiene derecho: en que se destinan los recursos que aporta al país y cuáles son las consecuencias directas de las acciones gubernamentales. Pocos prestaron atención a la propuesta de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas acerca de una reingeniería del INAI.
Buena o mala la idea era perfeccionar la operación del INAi sustituyendo gastos superfluos por productividad. Evitar duplicidad de funciones y exceso de personal. Los comisionados asistentes a la Secretaría de gobernación guardan la esperanza de algo, no saben qué, pero la respuesta ya la saben, se cierra el INAI.
Lo confirmó la presidenta y la ejecutora es Rosa Icela. Supusieron que irían a “intercambiar posiciones”. El tiempo era valioso pero la distracción con la reforma al Poder Judicial permitió que el oficialismo continuará estructurando el andamiaje para golpear a los órganos autónomos.
En noviembre próximo de acuerdo a la agenda legislativa del primer periodo ordinario de sesiones se conocerá el paquete económico y con este la estructura que definirá a la administración pública federal. Se aprovechará entonces el conocimiento de la modificación de la actual secretaría de la Función Pública para convertirla en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y ahí, en ese paquete la inclusión de las tareas que hoy corresponden al INAI.
El silencio permanente de los comisionados -colegiados- costará carísimo al país. No tuvieron la estatura suficiente para continuar resguardando al INAI. No dialogaron con la sociedad, ni de comprometieron a nada, solo se tomaron el tiempo de acudir a Gobernación por su finiquito.
