- Desde 2015, año en que todavía gobernaban los “Neoliberales, había un campo monopolizado. Hoy, en 2024 con un gobierno del “Segundo Piso de la Transformación”, la situación, al parecer, no ha cambiado; es decir, sigue viviéndose un campo polarizado
Guillermo Pimentel Balderas
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el año de 2015, hubo una Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) que reveló que la problemática que enfrenta el desarrollo rural mexicano confirma que el 42% de la producción agrícola del país la compran los intermediarios, las grandes comercializadoras y agroindustriales, quienes controlan el precio, regularmente hacia el alza hasta tres veces de lo que pagan al agricultor.
Hoy, en 2024 con el nuevo gobierno del “Segundo Piso de la Transformación”, hasta el momento todo indica que la situación no ha cambiado; es decir, sigue viviéndose un campo polarizado.
La Encuesta en mención, fue dada a conocer por el INEGI, donde se da cuenta de que los intermediarios, que son prácticamente los acaparadores de las Centrales de Abasto y de las cadenas de Supermercados, han permitido que los principales granos como el fríjol, maíz blanco, sorgo, entre otros, se encarezcan al consumidor final.
De acuerdo a una investigación periodística, en varios medios informativos, se deduce que desde hace prácticamente 10 años (desde 2015), las organizaciones campesinas han planteado que el Gobierno Federal lleve a cabo una revisión de las estructuras de los mercados; es decir, ¿quienes compran los productos del campo?, ¿qué rutas siguen?, ¿cuál es el nivel de concentración de las grandes empresas y en qué productos?
Sin embargo, a juicio de algunos dirigentes de productores, esto se ha vuelto “un círculo vicioso”, ya que una estructura de mercados como la constantemente denunciada está concentrada por ramas de producción, por sistemas producto, por cadenas productivas y de valor en unas cuantas empresas, que son las que se benefician de los cambios en la economía como es el caso del comportamiento del peso con respecto al dólar.
Confirman que la modificación del tipo de cambio debería de beneficiar al conjunto de las unidades de producción, pero no sucede así puesto que la estructura de los mercados está concentrada en pocas empresas.
Entonces, proponen que el Gobierno Federal debería tomar cartas en el asunto y en cooperación con las organizaciones campesinas y de productores podría resolverse parcialmente los problemas. Para beneficiarse de los cambios, consideran pertinente modificar la estructura de privilegios en las que se encuentran algunas pocas unidades de producción nacional.
Al parecer, nada ha cambiado en todos estos años, pues la agricultura altamente competitiva, para la exportación y comercialización esta en pocas manos del sector que, se beneficia, en mayor medida, de políticas públicas y del presupuesto por lo que no va más allá del 10% de las personas que se dedican a estas actividades productivas.
En contra parte, los productores que forman el sector social, -alegan- aportan un porcentaje mayor al 50% de la producción alimenticia que se consume en el país, aun estando fuera del circuito de los apoyos y políticas públicas y del presupuesto de egresos de la Federación.
Opinan que si los tomadores de decisiones tuvieran en consideración está realidad, no tendrían argumentos en debatir la necesidad de reorientar el gasto público hacia las pequeñas unidades de producción y la agricultura campesina a fin de favorecer el crecimiento de la economía y por ende elevar su condición de vida.
