Bernardo López
No es tan sencillo hablar de una deportación masiva de migrantes que residen de manera ilegal en Estados Unidos, principalmente de los mexicanos que son de segunda o tercera generación y que hicieron de ese país su hogar, pues los efectos económico negativos podrían ser desde el 1 por ciento hasta el 7 por ciento del total.
Es tan importante la aportación de la población migrante ilegal que trabaja en el vecino país, que si se deportan al menos 1.3 millones de ese universo de personas (calculado en 8.3 millones, de acuerdo a datos publicados en The Economist) la economía estadounidense se reduciría en 1.2 por ciento, pero si fuera el total, llegaría hasta el 7.4 por ciento, para 2028.
La misma revista señala que si se combinan las deportaciones con la imposición de aranceles, la economía de Estados Unidos se vería afectada en el suministro de trabajo y mercancías, que afectaría hasta un 10 por ciento y una inflación acumulada del 13 al 23 por ciento. Además, se estima que por cada 100 deportaciones se reducirían las oportunidades de los trabajadores nativos en 8.8.
La mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo dijo claro, siete de cada 10 trabajadores agrícolas son mexicanos nacidos en nuestro país o son de segunda generación, por lo tanto, Estados Unidos no comería si no fuera por esa fuerza laboral.
Además, que se trabaja en el fortalecimiento de la defensa legal, pues no es tan sencillo realizar una deportación, pues existen normas, además de los efectos negativos a la economía, por lo tanto, hace poco viable una deportación masiva.
La historia sobre la aportación de fuerza laboral de México a Estados Unidos se remonta a una tradición del siglo pasado, con una primera oleada entre 1900 y 1929, que se dedicó a trabajar en la agricultura o la economía relacionada a los ferrocarriles, principalmente en Texas.
En una segunda etapa se realizó otra migración masiva entre 1930 y 1941. Una tercera se da ante la urgencia de Estados Unidos de mano de obra debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1964. Posteriormente se acordó el programa “Bracero”, que permitió la migración legal de alrededor de cinco millones de mexicanos.
Una cuarta fase se dio 1965 y 1986, a la cual se le cataloga como migración indocumentada, pues el gobierno estadounidense decide suspender el programa de migración legal, dando origen a los coyotes y el tráfico de ilegales. También habría que recordar que la crisis de 1994 provocó que muchos mexicanos tuvieran que abandonar el país para encontrar una mejor calidad de vida.
Toda esta dinámica migratoria entre México y Estados Unidos es imposible de disolver, pues involucra grandes intereses económicos mutuos, por lo tanto, las políticas que diseñe la nueva administración estadounidense debe mirar primero los beneficios que obtienen de este universo de personas.
