Guillermo Pimentel Balderas
Actualmente, hay ejidatarios y comuneros que luchan por la protección de la propiedad social y en contra de las concesiones mineras, la servidumbre legal de hidrocarburos, el robo violento de la tierra y los recursos naturales por la delincuencia organizada, la regularización de los terrenos nacionales en manos de legítimos posesionarios y la resolución de la situación jurídica de las Colonias Agrícolas y Ganaderas.
Así de complicada está la situación en el agro nacional y que, la política agraria del Estado (a la que aspiran todos los dueños de las tierras) debe reconocer la resiliencia de las mujeres y de los hombres del campo por lo que el país no puede seguir sacrificando a la clase campesina y atender prioritariamente sus demandas.
Además debe implementarse una protección ambiental de fondo que preserve para el futuro nuestros recursos naturales, un proceso de transmisión ordenada de derechos agrarios para el recambio generacional y los derechos de mujeres y jóvenes al interior de ejidos y comunidades.
Quien así se expresa y lo comparte con este columnista es el profesionista de la agronomía José Duran Vera, dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) quien afirma que el proceso de privatización a través de la adopción del dominio pleno ha sido contenido; sin embargo: hoy las grandes inmobiliarias, las trasnacionales y algunos ricos nativos buscan la reconcentración de la tierra a través de la cesión de derechos agrarios expresado en el artículo 80 de la Ley Agraria; por ello, “nuestra organización con plena identidad zapatista sigue reclamando la conclusión de los expedientes agrarios puestos en estado de resolución al Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios”.
Confirma que también reclaman el rezago agrario en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Procuraduría Agraria, ya que persisten entre otras demandas, conflictos por sobreposición de planos, demandas de ejecución complementaria de Resoluciones Presidenciales, Reversiones de expropiaciones por supuesta causa de utilidad pública sin decretos expropiatorios.
Reitera que siguen en lucha por la protección de la propiedad social y en contra de las concesiones mineras, la servidumbre legal de hidrocarburos, el robo violento de la tierra y los recursos naturales por la delincuencia organizada, la regularización de los terrenos nacionales en manos de legítimos posesionarios y la resolución de la situación jurídica de las Colonias Agrícolas y Ganaderas.
Urgió la necesidad de actualizar el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria y sus reglamentos para superar en definitiva los resabios Salinistas. ”Esto será el homenaje más consecuente de un Gobierno que se asume de Izquierda a la trascendencia histórica del General Emiliano Zapata Salazar en el 106 aniversario de su asesinato a traición”.
En su pronunciamiento, el ingeniero Duran Vera señala que hoy, los ejidos y las comunidades, son propietarios del 51% del país a pesar de la reforma Salinista de 1992 que, propició las condiciones para convertir a la tierra social en una mercancía.
“La clase campesina y sus organizaciones hemos tenido la capacidad para superar los embates de los gobiernos proimperialistas incluyendo la visión neoliberal del individualismo y la propiedad privada ya que, más del 80% de los ejidos y comunidades mantienen el régimen de propiedad social, la cultura campesina, el respeto y la protección de los recursos naturales (bosques, selvas, aguas superficiales, medio ambiente y germoplasma nativo). General Emiliano Zapata. ¡Estamos presentes…!” afirma.
