- Insensibilidad de 4T y Javier May al proteger cementera con capital suizo “Holcim” (APASCO) en Tabasco. Esta empresa, se adjudica 1,300 hectáreas ejidales. Incumple compromisos económicos por 10 millones de pesos
- No crea fuentes de empleo e infraestructura urbana e hídrica. Se siente protegida por gobiernos federal y estatal por proveer todo el cemento para la construcción del Tren Maya y de la Refinería Dos Bocas
Guillermo Pimentel Balderas
Hace un año (junio de 2024), Grupo Holcim México y su filial Geocycle México confirmaron proyectos que fortalecen su actividad productiva en Tabasco y el Sur-Sureste del país. En un evento, Jaime Hill Tinoco, director general de la empresa remarcó la confianza que se tiene para seguir invirtiendo porque aseguró: “Creemos en Tabasco, creemos en México y vamos a mantenernos como aliado estratégico del desarrollo estatal”.
Sin embargo, en junio de 2025, la realidad para 85 ejidatarios y sus familias es muy distinta. Luego de llevar a cabo, de manera pacífica, un plantón a las afueras de esta empresa, para exigir se dé cumplimiento a los acuerdos y convenios establecidos en el marco del decreto expropiatorio del 11 de enero de 1979, en respuesta fueron reprimidos con apoyo del gobierno estatal que encabeza Javier May Rodríguez, con la detención de Lorenzo Magaña Pérez, representante del grupo y 3 ejidatarios mas: Silverio Pérez Torres, Javier Cruz Ramírez y Alfonso López Morales (estos tres últimos ya liberados).
La empresa cementera con capital suizo “Holcim” (antes CEMENTOS APASCO S.A.) se negó a cumplir los compromisos económicos, generar un apoyo de 10 millones de pesos, crear fuentes de empleo y de infraestructura urbana e hídrica a favor de los ejidatarios y sus familiares en Macuspana, Tabasco, luego de haberse beneficiado con la adjudicación de más de 1,300 hectáreas (expropiadas para fines industriales). Se menciona, con el beneplácito gubernamental, solo por proveer todo el cemento para la construcción del Tren Maya, de la Refinería Olmeca o Dos Bocas y la remodelación del estadio de béisbol del municipio de Macuspana.
Marco Antonio Ortiz Salas, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), en entrevista con este reportero califico de “muy grave” que el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, no tenga la mínima sensibilidad para que se revise que una empresa que se dice estar “jodida”, no cumpla con los compromisos complementarios previos a la expedición del decreto expropiatorio expedido el 11 de enero de 1979, en donde se entregó una superficie de 1,328 hectáreas a la empresa cementera Holcim México Operaciones S.A. de C.V. (CEMENTOS APASCO S.A.).
Dice que es impensable que por el hecho de que esta empresa surtió todo el cemento que ocupó la construcción del Tren Maya y la refinería Olmeca o Dos Bocas, así como la remodelación del estadio de béisbol del municipio de Macuspana, no sean revisados pues, de alguna forma, les dejo alguna utilidad este negocio, por pequeña que sea, pero les dejo un beneficio.
“Decir que no tienen dinero no les quita la obligación de cumplir con sus compromisos a esta empresa transnacional que, presume como modelo, como ejemplo en el mundo y que, en México no cumple sus adeudos, destruye el medio ambiente y no genera empleos para los que han afectado”.
Afirma que no cumple esta minera a pesar de haber firmado un convenio en el registro agrario nacional por lo cual los afectados iniciaron y mantienen una lucha por más de 40 años, exigiéndole al igual que, a los gobiernos federal y estatal, se cumplan los compromisos complementarios previos a la expedición del decreto.
Recuerda que en el año 2023, Lorenzo Magaña Pérez y sus compañeros, acompañados por integrantes de la CODUC se logró que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) iniciara un juicio de reversión al decreto expropiatorio ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 29 de Villahermosa, Tabasco expediente número 1037/2022 de la empresa, la reversión de las más de 800 hectáreas que no utilizo en los primeros cinco años, después de haberse firmado el decreto expropiatorio.
Refiere que el martes 20 de mayo del presente año, en la ciudad de México se planteó la problemática ante el Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, solicitando la nulidad absoluta del decreto en razón de que la empresa Holcim México Operaciones S.A. de C.V. no le dio cumplimiento a las dos condicionantes que se establecieron en el decreto expropiatorio, como hacer uso de la superficie total en los próximos 5 años posteriores al decreto, y el uso y destino de la tierra (la utilidad pública).
En respuesta, reprueba que la empresa demandó a los expropiados y con el poder que tiene por haber (en el sexenio pasado) surtido de material al programa del Tren Maya, la Refinería Olmeca o Dos Bocas y la remodelación del estadio de béisbol del municipio de Macuspana.
“Logró sin ningún dato de prueba que, en la causa Penal 167/2023, el 19 de abril del 2023 la Licenciada Ana María Rodríguez Castillo jueza de control de la Región Judicial 01 de Macuspana, Tabasco obsequiara una orden de aprensión y detención en contra de Lorenzo Magaña Pérez, por impulsar una lucha justa en favor de los indígenas y campesinos que fueron despojados de sus tierras con la falsa promesa de otorgarles plaza en la empresa CEMENTOS APASCO S.A., hoy Holcim México Operaciones S.A. de C.V.”.
Ortíz Salas asegura que la lucha es justa en razón de que los campesinos, indígenas y ejidatarios, en aquel entonces del ejido Buenavista, Macuspana, Tabasco, por no saber leer y escribir desconocían completamente el contenido del decreto en cuestión.
Por lo tanto, exigió la libertad inmediata de Lorenzo Magaña Pérez, ya que es un atropello lo que está sufriendo el representante de los expropiados luego de que la empresa volvió a interponer otro recurso de apelación penal en contra del auto de libertad por el delito de extorsión agravada (causa penal 167/2023).
La empresa, (en aquel entonces) contrajo compromisos con los ejidatarios afectados con la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la función de coordinar las acciones en que deberían de resolverse los problemas suscitados por causa de la expropiación.
Sin embargo, agrega el dirigente campesino, no se cumplió con la creación de 300 nuevas plazas de trabajo para ejidatarios afectados, edificación de viviendas dignas a cada ejidatario, construcción de infraestructura social, como línea de conducción y red de distribución de agua potable, instalación de la planta potabilizadora; instalación de la planta de tratamiento de aguas negras, y sistema de drenaje, así como el terraceado para la formación de las calles y el concreto hidráulico en favor del ejido.
Por todo lo anterior, precisa Ortíz Salas, existe una demanda de reversión total de dicha expropiación y específicamente la vinculada con 800 hectáreas que no están ocupadas. “No permitiremos que los derechos de los ejidatarios sean ignorados ni que se criminalice su protesta”, advierte.
