La síndica municipal de Santa María Apazco, Agustina Jiménez, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de hacer públicos presuntos actos de corrupción dentro del ayuntamiento. Según señaló, existen irregularidades en el manejo de los recursos municipales que podrían superar los 13 millones de pesos.
Jiménez explicó que, tras identificar inconsistencias en el uso del presupuesto, intentó presentar la información ante la comunidad; sin embargo, fue retenida de manera arbitraria por pobladores y autoridades locales que buscaban impedir que expusiera el presunto desvío. Posteriormente, logró ser liberada, pero asegura que desde ese momento comenzaron las amenazas en su contra.
La funcionaria acusa directamente al presidente municipal y a personas cercanas a él de intimidarla para que desista de sus denuncias. Asegura que guardaespaldas y operadores del ayuntamiento han intentado amedrentarla, lo que ha puesto en riesgo su integridad y la de su familia.
Jiménez afirma que lo que vive constituye un claro caso de violencia política en razón de género, pues además de enfrentar hostigamiento, también ha sido objeto de campañas de desprestigio dentro de la comunidad. Tras las amenazas, decidió presentar denuncias ante diversas instancias para solicitar protección y que se investiguen las irregularidades financieras que señala.
El caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad de autoridades locales en municipios donde las denuncias de corrupción suelen derivar en conflictos internos, polarización y amenazas contra funcionarios que buscan transparentar el uso de recursos públicos.
