En la terminal internacional de San Francisco se documentaron forcejeos y retenciones de personas por parte de agentes vestidos de civil, lo que generó reclamos y conmoción entre los viajeros.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició un despliegue operativo en catorce aeropuertos de todo el país, incluyendo terminales estratégicas en Nueva York, Atlanta, Chicago, Newark y San Francisco, en medio de la severa crisis interna a que hace frente el mandatario Donald Trump tras la negativa del Senado de aprobar los presupuestos para el funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Los reportes de testigos presenciales y registros audiovisuales divulgados en redes sociales muestran a los oficiales federales portando chalecos identificativos cerca de las líneas de control de seguridad y los mostradores de facturación. Aunque Trump dijo que el ICE se desplegó para controlar la situación ante las largas filas ocasionadas por las bajas laborales que motivó el déficit presupuestario —afecta los salarios—, se teme que la agencia perpetre redadas contra migrantes.
Voceros aeroportuarios y del Departamento de Policía de San Francisco aclararon que las fuerzas policiales locales no colaboran en la aplicación de leyes federales de inmigración civil, por lo que limitaron su presencia en los hechos a mantener la seguridad pública perimetral sin intervenir en los arrestos migratorios.
De manera oficial, el envío de personal del ICE responde a la necesidad de cubrir los vacíos de personal y las largas filas causadas por el cierre parcial del Gobierno de Washington, el cual mantiene a miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte sin percibir salarios desde finales de enero de 2025.
No obstante, las motivaciones del despliegue cobraron un fuerte matiz político tras las declaraciones del Ejecutivo estadounidense. Mientras el zar de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió la medida como un apoyo logístico operativo, Trump publicó que los funcionarios realizarían tareas de seguridad estrictas enfocadas en el arresto de migrantes indocumentados.
El jefe de Estado agradeció públicamente la intervención de la fuerza de migración y advirtió que no descarta movilizar a la Guardia Nacional para custodiar los recintos de transporte aéreo nacionales.
Días atrás Trump anunció el despliegue como respuesta al estancamiento en el Congreso. La decisión se produjo 24 horas después de que los senadores de la oposición rechazaran por quinta ocasión, desde el pasado mes de febrero, un proyecto de financiamiento vital para el DHS.
Esta parálisis presupuestaria mantiene a la institución en un estado de cierre parcial durante cinco semanas, afectando directamente la operatividad de la Autoridad de Seguridad en el Transporte y de las principales agencias de control migratorio, que dependen de esos recursos.
La medida busca ejercer presión política sobre los sectores demócratas, opuestos a otorgar los fondos y que proponen regular la actividad de la agencia migratoria, en especial tras sus abusos de autoridad durante la represión contra migrantes, entre ellos el asesinato por agentes del ICE, en Minnesota, de los manifestantes Renee Good (7 de enero) y Alex Pretti (24 de enero).
Trump amenazó a través de la plataforma Truth Social que si los alcaldes y gobernadores de la oposición se niegan a colaborar con las políticas fronterizas, el Gobierno federal llevará la aplicación de la ley directamente a sus ciudades y pistas de aterrizaje. Este despliegue también se interpreta como un acto de desafío directo frente a las voces opositoras que demandan mayor supervisión parlamentaria y reformas estructurales sobre los operativos de seguridad interna. Telesur
