Las comunidades mayo-yoreme condicionan el diálogo con el Gobierno a la paralización del proyecto petroquímico que afecta a la bahía de Ohuira.
Comunidades indígenas mayo-yoreme anunciaron la toma indefinida de la planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial del grupo suizo-alemán Proman, en la bahía de Ohuira, estado de Sinaloa, en el norte de México.
El gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, confirmó que la ocupación de las instalaciones iniciará este lunes 15 de junio ante el riesgo de ecocidio y etnocidio en la región.
La decisión fue comunicada tras un diálogo entre los representantes indígenas y las máximas autoridades ambientales de México, incluida la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.
El Gobierno mexicano, mediante la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, propuso instalar mesas de trabajo con los afectados. Las comunidades aceptarán esta iniciativa únicamente si se suspenden de manera paralela las obras del complejo petroquímico, diseñado para producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoníaco.
El proyecto de 860 millones de dólares, financiado por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, cuenta con un 88 por ciento de avance constructivo. Las obras han provocado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la destrucción de manglares y la migración de la fauna local.
La infraestructura se asienta sobre el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, un ecosistema declarado sitio RAMSAR de importancia internacional que sirve de hábitat para aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos comerciales.
Informes técnicos y advertencias de científicos y organismos como la Organización de las Naciones Unidas señalan que la planta succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoníaco. El agua será devuelta a la bahía con una temperatura de hasta tres grados superior a la original, alterando el ecosistema y la pesca, principal sustento de más de 6.600 indígenas de las localidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos en el puerto de Topolobampo.
Documentos de la propia empresa alertan sobre posibles fugas de gas que generarían nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, afectando a más de 40.000 personas en una zona que carece de bomberos, Protección Civil o Cruz Roja para evacuaciones rápidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2022 realizar una consulta a los pueblos indígenas. El resultado favoreció a GPO debido a la inclusión de comunidades no afectadas directamente y a denuncias de compra de votos con dinero y comida.
Los líderes locales señalaron que estas acciones violaron el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las movilizaciones toman como referencia el rechazo obtenido en mayo pasado contra el megaproyecto turístico «Perfect Day» en el Caribe mexicano. Telesur
