• Despojo de la tierra, robo de ganado y de cosechas, cobro al proceso de comercialización y al derecho de piso de parcelas con alto valor de sus productos; secuestro y, desaparición de dirigentes campesinos auténticos, socavan la acción productiva y generadora de valor en el campo 
  • Existe evidencia en corrupción y descoordinación entre oficinas centrales y representaciones estatales de Sedatu, PA, RAN y Tribunales 

Guillermo Pimentel Balderas 

José Durán Vera. Coordinador Nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), a nombre del MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y AFROMEXICANO “Plan de Ayala Siglo XXI”, por medio de un pocesionamiento (de 5 cuartillas), reclamo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con absoluto convencimiento, la necesidad de una política de estado para la protección y el desarrollo de la propiedad social del ejido y la comunidad en la transformación de México. 

En el escrito, expone también que, “la acción de la delincuencia contra la sociedad rural campesina, es el despojo de la tierra, el robo de ganado y cosechas, el cobro al proceso de comercialización y de derecho de piso de parcelas con alto valor de sus productos; el secuestro, la desaparición de dirigentes campesinos auténticos, lo que está socavando la acción productiva y generadora de valor en el agro nacional”. 

Urgió convocar a un gran proceso nacional de denuncia y de exigencia para que las instituciones y los aparatos de seguridad funcionen correctamente y se diseñen mecanismos que propicien la coadyuvancia con el estado para detener la violencia e inseguridad. 

Consultado por este reportero, el líder campesino aseguró que la clase campesina ha tenido la capacidad para superar los diversos embates a que se ha enfrentado y que, el efecto de esta resiliencia es que más del 80% de los ejidos y comunidades mantienen el régimen de propiedad social, la cultura rural, el respeto y la protección de los recursos naturales (bosques, selvas, aguas superficiales, medio ambiente y germoplasma nativo).  

A casi cuatro años del actual sexenio, “aún persiste el rezago agrario y permanece también el atraso en los trámites de los expedientes de los acuerdos agrarios suscritos por las organizaciones campesinas y la entonces Secretaría de Reforma Agraria (SRA) entre 1995 y 1997. 

Así como el cumplimiento del numeral 262 del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), firmado el 28 de abril de 2003 en Palacio Nacional entre el presidente (Vicente Fox) y las principales organizaciones campesinas de México”.  

Reabierto el trabajo gubernamental a partir del 2021 -debido a la pandemia-, “ nos encontramos con procesos que evidencian corrupción, descoordinación entre oficinas centrales y las representaciones estatales, atención discrecional de acuerdo a las preferencias personales de los funcionarios y lo más relevante y negativo, desde el inicio de la presente administración, un desconocimiento profundo, de muchos funcionarios, del marco jurídico agrario y del funcionamiento administrativo de la Sedatu”.  

La Procuraduría Agraria, deploró, desafortunadamente ha olvidado en los hechos el mandato constitucional. Por cuanto hace el Registro Agrario Nacional, hemos insistido en disminuir la sobre regulación que impone en los procesos de inscripción de los documentos del derecho a la tierra. 

“En corolario, la Constitución le atribuye al Estado Mexicano la obligación de impartir justicia agraria y al Derecho Agrario mexicano le impone su naturaleza social”, sentenció. 

Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com