• Persiste corrupción, mentiras e indiferencia por parte de autoridades a víctimas por juicios engorrosos, despojo de propiedades y por supuestos recargos por pagos de créditos hipotecarios.

Guillermo Pimentel Balderas

La señora Margarita Valdez de 71 años de edad, desde hace más de 30 años compró un terreno en la Ciudad de México con la inmobiliaria “Bienes Raíces Redán S.A de C.V” y, desde ese entonces ha estado luchando por su hogar.

Narra la persona de la tercera edad que desde ese tiempo ha estado en un juicio por un inmueble que compro y que desde entonces han aparecido supuestos demandantes con dos escrituras falsas y, lo peor es que ya hay gente que construyó y vive sobre un lugar que NO es suyo.

“Yo he logrado demostrar que ese terreno es mío pero las trabas para escriturar a mi nombre continúan (en el Registro Público de la Propiedad) y es por eso que pido ayuda para que las autoridades agilicen mi proceso legal y pueda finalmente vivir en mi hogar”.

La quejosa expone en un escrito que envió a change@f.change.org y, del cual poseemos una copia, que el desgaste emocional y mental que sufre al ser una víctima más del “Cártel Inmobiliario” y que predomina en la ciudad de México, la martiriza.  

“Yo sólo quiero poder vivir en mi casa. No pude darle su hogar a mi hijo, pero tengo la esperanza de dársela a mi próximo nieto. Es por eso que exijo a las autoridades, como al Poder Judicial de la CDMX, la CONDUSEF, y a toda autoridad correspondiente que mi proceso se agilice y avance sin más trabas”.

La señora Margarita Valdez, ha entrado en un largo juicio para comprobar que ese terreno es suyo, mientras tanto, gente ajena (invasores profesionales) han construido sin ningún derecho “sobre mi esfuerzo de tantos años” y, no ha podido hacer nada, ignorada por las autoridades competentes.

Esto, a pesar de haberse comprobado que son falsos las escrituras o documentos de posesión (por el mismo terreno) que presentaron supuestos dueños, uno originario del estado de Guanajuato y, otro del Estado de México. 

Lamentó que el juez que había llevado todo el proceso y que le dio la resolución a su favor, “de que yo era la única dueña”; y demostrar que tiene la posesión legal del inmueble con su documento de compra-venta, ahora le puso otra traba, pues para que pueda escriturar le pide que esté presente alguien de esa inmobiliaria, pero, aquella que contrató se ha disuelto y, los abogados no logran encontrarla.

 Alega que los jueces encargados del asunto deben emitir en medios un comunicado nacional para dar con la inmobiliaria, pero no han hecho nada.

“He ido a diferentes autoridades, consultado a diferentes instancias y abogados, pero me encuentro cansada por este proceso tan largo; han sido años de corrupción, mentiras y de definitiva indiferencia, además del desgaste emocional y mental”. Reclama: “YA NO MEREZCO ESPERAR MÁS”. ¡Esa gente (invasores) vive en un hogar que NO es suyo!, exclamó.

¿FOVISSSTE agiotista?

En otro caso, la trabajadora federal Cynthia Arredondo, denunció que a lo largo de los extensos 30 años de la vigencia del pago de créditos hipotecarios de Fovissste (que básicamente corresponden a toda una vida laboral), se presentan numerosos desafíos en el pago.

Por ejemplo, enumero: la inestabilidad laboral por cambios de titulares o de administración gubernamental en las dependencias y organismos públicos, incertidumbre de los ingresos por discrecionalidad en el otorgamiento de plazas de trabajo y regulaciones en las remuneraciones.

Asimismo: la limitada disponibilidad de alimentos de calidad a precios accesibles, largas y estresantes jornadas laborales sin desconexión digital en tiempos de descanso, propiciando riesgos a la salud y sobre todo exposición a la delincuencia.

También, en un escrito que difundió por medio de change@f.change.org, la señora Arredondo dio a conocer la preocupación de miles de trabajadores federales (burócratas) con créditos hipotecarios del Fovissste debido a que pueden perder sus hogares por los aumentos anuales en el saldo deudor.

Asegura que la vida laboral inestable, los salarios bajos y, ahora esos cargos adicionales hacen que los pagos sean insostenibles. ¡”Exigimos que se reconozca esta situación y se anulen los aumentos automáticos en los saldos de los créditos”!

Indicó que confiaron en que los créditos hipotecarios sería la opción más adecuada para “asegurar nuestro derecho humano a una vivienda adecuada”; pero, ahora, “nos enfrentamos al riesgo inminente de perder nuestro patrimonio debido al aumento anual en el saldo deudor, causado por la actualización del salario mínimo o del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y supuestos recargos por pagos que, se estima inferiores a los pactados, lo cual hace que la deuda sea insostenible año con año”.

Explicó que durante la vigencia del crédito, el FOVISSSTE no sólo considera el 30% del sueldo básico, que establece la ley como el sueldo de referencia en el tabulador regional correspondiente a cada puesto, tal como se pacta en el contrato de apertura del crédito con garantía hipotecaria, sino que registra saldos deudores cuando el sueldo es menor por políticas salariales ajenas a la voluntad de los acreditados”.

Lo peor es que el Instituto se niega a corregir los estados de cuenta, argumentando que las deducciones mensuales no pueden ser menores de una cantidad, cuando en realidad, lo que se pactó y firmó fue un porcentaje. “Esto no tiene en cuenta el ingreso real de los prestatarios y nos coloca en una situación de insolvencia desde el inicio del crédito”, aclaró.

En resumen, acusó que el Fovissste interpreta y aplica unilateral e ilegalmente ajustes a los contratos firmados, imponiendo cargas adicionales año tras año a través de actualizaciones automáticas que amenazan la supervivencia económica de los prestatarios.

“Esto va en contra de la obligación del Estado de proporcionar opciones de vivienda asequibles y seguridad patrimonial, como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la Observación General Nº 4 (1991) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a una vivienda adecuada”.

Por lo tanto abogo porque se presione al FOVISSSTE para que cumpla su propósito original y respete su visión declarada de ser una institución financiera líder en el mercado de vivienda, que opera esquemas de financiamiento acordes a las necesidades de sus derechohabientes, basados en principios como el respeto absoluto a los derechos humanos y el estricto cumplimiento de la legalidad.

La denunciante urgió en que se debe reconocer la ilegalidad de las prácticas actuales del Fovissste; declarar la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los prestatarios y anular las actualizaciones automáticas en los estados de cuenta de los créditos hipotecarios, ya que no están respaldadas por los contratos firmados y se aplican sin el consentimiento previo y por escrito de los prestatarios en cada caso individual.

Correo.- delaciudad1951@gmail.com