Enrique Escobedo

Una Reforma Administrativa es una decisión planeada del gobierno, usualmente al principio de su gestión, con el propósito de poner en orden la organización estructural y funcional de las secretarías de Estado y las empresas públicas, así como los sistemas y procedimientos a fin de hacer al aparato burocrático  compatible con la estrategia de desarrollo, fortalecer su capacidad de respuesta a las demandas y necesidades sociales, orientar los resultados mediante políticas públicas y con la firme decisión de que los servidores públicos refuercen sus actitudes y aptitudes de servicio y atiendan a la ciudadanía honrada y eficazmente.

A mi parecer, México ha tenido, desde el triunfo de la Revolución Mexicana, seis reformas administrativas. La primera fue con el presidente Venustiano Carranza, quien promulgó Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos con el propósito de reorganizar al gobierno y materializar los contenidos constitucionales. Posteriormente, la segunda fue con el presidente Plutarco Elías Calles quien creó instituciones vitales, tales como el Banco de México y lo que hoy conocemos como Conagua y Caminos y Puentes. La tercera fue con el presidente Miguel Alemán, pues además de actualizar la Ley de Secretarías y Departamentos, promulgó la Ley de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal con lo cual dio orden jurídico y administrativo a la Administración pública. La cuarta fue del presidente Adolfo López Mateos, quien reorganizó al aparto centralizado y, de manera significativa, creó la Secretaria de la Presidencia como puntal de la planeación en México. La quinta fue la de José López Portillo quien promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sectorizó la administración y promulgó el Plan Global de Desarrollo. La sexta reforma se la atribuyo a Carlos Salinas de Gortari, pues privatizó un gran número de empresas públicas al amparo de lo que denominó “la reforma del Estado”.

Por supuesto que todos los presidentes han reorganizado más o menos a la Administración pública, pero los arriba mencionados han tenido una clara idea de reorganizar al andamiaje institucional, a fin de apuntalar su proyecto de gobierno y de Estado.

La Administración del presidente Salinas, en su afán privatizador, a través de la Comisión Intersecretarial del Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación trabajó ardua y tenazmente por cumplir su cometido: sanear la economía, pero desde mi punto de vista, perdió perspectiva política y social y acabó por desmantelar empresas publicas socialmente necesarias como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), por citar un ejemplo.

Lo paradójico del caso es que la presente gestión quiere hacer lo mismo al desaparecer o fusionar órganos públicos, en este caso, en nombre de la “austeridad republicana”. Tal es el caso de los institutos nacionales Electoral (INE) o el de Acceso a la Información Pública (INAI). Léase sendos presidentes tienen semejanzas debido a su idea de modelo de desarrollo. Las razones de Carlos Salinas fueron las del neoliberalismo. Las del presidente López Obrador son las del control político, la centralización del poder y la de postergar el acceso a la información, con lo cual está convirtiendo al aparato público en una pirámide isósceles en la cual convierte al país en gobierno de un solo hombre. Aún más, no ha cambiado, en la práctica, de modelo económico.  Pareciera querer regresar al capitalismo de Estado, pero sin clara estrategia, pues pone a la política por encima de todo. En otras palabras, sendos personajes pierden la visión holística del Estado.

Las seis reformas administrativas del siglo pasado, nos guste o no, tuvieron sentido vinculado con la triada progreso científico-tecnológico, crecimiento económico y desarrollo social; en efecto no fueron totalmente exitosas, pero lo hicieron estratégica y tácticamente. Ahora vemos un intento de desmantelamiento de la Administración pública en nombre de un proyecto político alejado de la triada, sin orden, con improvisaciones y de cuestionables alcances. No cabe duda, no es lo mismo una Reforma Administrativa que desmantelar las instituciones de la República.