Bernardo López
Existe una clara estrategia para que las personas se vean forzadas a entregar sus datos biométricos y estos puedan ser concentrados, junto con los datos financieros, los económicos, de ubicación geográfica, de historial clínico, además de todo lo que dice o publica en redes sociales.
Hay varios ejemplos que pretenden ese objetivo, desde el perverso Padrón de Usuarios de telefonía Móvil (Panaut) -que permitiría a la policía acceder a esos datos sin que haya de por medio una orden de un juez-. También existe el proyecto que se realiza en el Registro Nacional de Población, que tiene la misión de vincular a las personas a un código QR.
Las acciones para buscar un control social a partir de los datos más íntimos de las personas se han desarrollado durante sexenios, desde las reformas para arrebatarles a los padres y maestros la potestad de educar a los niños, hasta los programas que regalan tabletas, con el objetivo de que los infantes queden a merced de los dispositivos digitales y las plataformas de adoctrinamiento -llamadas redes sociales- en donde se controla el discurso y las ideas. También, se emprendió un programa para irrumpir con la señal de internet los rincones más inalcanzables del país. Desde las aplicaciones bancarias también se recopilan cientos de datos, con el objetivo de dar ‘seguridad’ a las personas.
Otro ejemplo prístino se dio en la semana pasada, durante la inauguración de los bancos del gobierno, donde se hará una compilación de los datos biométricos de las personas que deseen utilizar esos servicios. El peligro está en que esa plataforma monopolice la dispersión de recursos de programas sociales: ¿Podría ser usada como herramienta de extorsión, primero para acceder a los datos biométricos de las personas y, posteriormente, para someter a la población a cualquier imposición?
¿Podemos prever qué podría suceder en México si avanzan esas políticas? Únicamente tenemos que observar cómo las autoridades de Australia, Canadá, Estados Unidos o Francia tratan de manera tiránica a su población. Son claras las acciones regresivas contra los derechos humanos y la dignidad de las personas en esos países: con encierros obligatorios, prohibición del uso de los espacios públicos, criminalización de las personas sanas, entre otros. Todo por haber concentrado sus vidas en un smartphone.
De esto podemos deducir que la soberanía individual y el derecho a disentir es directamente proporcional a la reducción del uso de las tecnologías digitales, porque ahí residen los nuevos métodos sigilosos de control social.
