Pedro Flores 

México está viviendo una etapa “sui géneris” en su historia, no sólo por la pandemia del Covid-19 y los 100 asesinatos diarios, sino por el grado de impunidad que padece la ciudadanía y que ahora con los recortes presupuestales, la justicia, al parecer, sólo será para quienes puedan pagarla.

La Cámara de Diputados aprobó un recorte para el 2021 de mil 700 millones al Poder Judicial, a ello se suma un ajuste de mil 500 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal, 124 millones de la Suprema Corte de Justicia, en donde la 4T tiene 4 aliados, situación que “debilitará” la honestidad de los impartidores de justicia de todos niveles, que buscarán entradas extra y la pagarán sólo los que tengan dinero para que se les aplique, la ciudadanía queda al margen.

El problema de la falta de justicia en nuestro país, es significativa, la Universidad de las Américas, realizó un estudio en el que señala que: “En 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial ‘está colapsado’ por la falta de policías y de jueces. Esto genera una condición de ‘impunidad rampante’ que pone en riesgo el futuro del país.”

En dicho trabajo, realizado por los especialistas Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos, denominado, “Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad”, se informa sobre el nepotismo que prevalece en el poder judicial de la Federación, este fenómeno se extiende a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. en donde al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.

Todo lo anterior origina debilidad en el sistema judicial, y que la impunidad y la violencia en México se mantenga en niveles muy altos, sobre todo los delitos no denunciados, según el INEGI pasó de 92.8% a 93.7%, lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas.

En nuestro país la justicia padece un grave deterioro, algunos de los ministerios públicos tienen una fama de no confiables y corruptos ante el aumento de la población y del índice de delitos. Cuatro indicadores así lo muestran, el número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por cien mil habitantes. El personal de los MP cayó de 33.9 a 31.19 al igual que los agentes de 7.6 a 6.27 (ambos por 100 mil habs.).

Los estados con el promedio más alto de delitos no denunciados son: 1) Guerrero (97.48%), 2) Estado de México (95.45%), 3) Ciudad de México (94.72%), 4) Tamaulipas (94.65%), 5) Jalisco (94.24%) y Tlaxcala (94.21%). También descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos, para cada 10 mil delitos registrados la proporción de agentes disminuyó de 5.31 a 4.97.

Los estados con mayor nivel de impunidad con respecto al homicidio son los siguientes en orden de impunidad:

1) Tamaulipas (0.15), 2) Tabasco (2.24), 3) Michoacán (4.64), 4) Puebla (5.21), 5) Guerrero (5.39), 6) Tlaxcala (5.56), 7) Quintana Roo (7.81), 8) Sinaloa (8.28), 9) Oaxaca (8.94), 10) Morelos (9.90), 11) Guanajuato (10.53), 12) Estado de México (11.77), 13) Hidalgo (12.97), 14) Nuevo León (12.18), 15) Colima (14.59), 16) Chiapas (14.79), 17) Aguascalientes (15.79), 18) Coahuila (16.17), 19) Zacatecas (17.27) y 20) Ciudad de México (17.44).

La ciudadanía en la 4T está viviendo la peor de las vivencias, el stress y la ansiedad por el encierro del Covid-19, el peligro en las calles de enfrentarse a narcotraficantes, criminales y grupos armados tienen más presencia que las autoridades, y la falta de confianza y dinero ante las autoridades judiciales, lo cual origina una sociedad, neurótica, violenta y desesperada… ¿Acaso la justicia por propia mano será el futuro de esta situación?