Enrique Escobedo  

La obra teatral del dramaturgo español Lope de Vega publicada en 1619 narra el levantamiento de un pueblo unido en su lucha contra la opresión, el atropello y el autoritarismo del comendador o gobernante en la población de Fuenteovejuna. Es la historia de la violencia popular, como la única salida, ante la autocracia y debido a la falta de atención de los gobernantes a las demandas y necesidades sociales. El tema se presta a debate, pues haber matado al comendador significa, por un lado, que el pueblo se hizo justicia por propia mano y, por el otro, porque el nivel de hartazgo social ante la apatía gubernamental tuvo sus consecuencias.

La complicidad del rey en la novela no es explicita, pero es claro que también hubo responsabilidad de la corona por haber hecho oídos sordos ante la ineficacia del comendador y su indiferencia ante los problemas de la sociedad. De ahí que la violencia social, los linchamientos y la justicia por propia mano son un tema serio y que requieren atención prioritaria. Aún más, Lope de Vega sabe que en su tragedia lo conducente era castigar a los líderes de la población, pero al asumir que la prudencia es también una cuestión del pacto social, deja que el espectador llegue a sus propias conclusiones.

Lo acontecido hace algunos días en una combi de transporte colectivo en el municipio de Texcoco, Estado de México, es motivo de preocupación y no debe ser visto como un acto de justicia. Fue la desesperación social ante la ineficacia gubernamental y la irresponsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales. Lo que vimos fue un acto de venganza y linchamiento que las autoridades deben evitar mediante políticas y estrategias de prevención y combate a la delincuencia. Sin embargo, no lo hacen y eso me recuerda la complicidad entre el rey y el comendador.

El surgimiento de brigadas de autodefensa, de las mal llamadas policías comunitarias y, peor aún, de las brigadas de la muerte son el reflejo que desde la gestión del expresidente Vicente Fox, hasta nuestros días, padecemos debido a que nuestros gobernantes no asumen cabalmente el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Tenemos, desde hace veinte años, gobiernos pusilánimes y timoratos que no se atreven a ejercer el monopolio legítimo de la violencia y prefieren que la sociedad honesta sufra las agresiones cotidianas del crimen organizado, antes que poner orden mediante el uso firme de la ley. Léase, les preocupa que la historia no los juzgue de autoritarios y permiten el crecimiento de las bandas delincuenciales.

La actual administración, cuya política contra la inseguridad pública es abrazos y no balazos es inoperante y envalentona a los criminales.  El hecho de que la sociedad esté violando el artículo 17 de la Constitución que prohíbe la justicia por propia mano es debido a que el gobierno no asume con gallardía su responsabilidad. En otras palabras, no se aprecia la honestidad valiente.

Lo acontecido en la población de Fuenteovejuna hace 400 años aun no lo aprenden los gobernantes y eso es preocupante. “¿Quién golpeó al ladrón? La gente de la combi señor”