Pedro Flores

En un país en donde el presidente de la República, señala con énfasis que a él no le vengan conque la Ley es la Ley y que tiene a su disposición un poder como es el legislativo, el cual no le cambia ni una coma a sus iniciativas lo único que le falta para entrar a un totalitarismo es disminuir o someter al poder judicial.

Ya en una ocasión en este espacio habíamos dicho el peligro que corría en la actualidad el Estado de Derecho en México, cuando se planteaba la amenaza de reducirle el presupuesto y que iba a dejar de facto a dicho poder bajo la consigna de “Plata o Plomo”.

Incluso mencionamos que Benito Juárez, quien es multimencionado por el habitante de Palacio Nacional decía: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no se pueden improvisar fortunas, hay que vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala” y advertía: “Siempre hay quien tuerce los principios y oscurece la verdad, para ocultar sus faltas en las tinieblas”.

Pero no sólo expone a los miembros del poder judicial a lo antes señalado, sino que son 43 familias que también se verían afectadas por la citada reducción de presupuesto y si bien es criticado el poder judicial por demorar en sus resoluciones, hay que imaginarse con menos personal.

La eliminación de 13 de los 14 fideicomisos, no es cualquier cosa son 15 mil millones de pesos que le serían muy útiles en tiempos electorales, pero eso le quitaría la autonomía al poder judicial y tendría que estar totalmente sujet5o al poder legislativo y/o ejecutivo para poder sobrevivir, tal vez sea eso lo que busca el actual gobierno.

Pero no sólo eso, sino que en ese dinero se incluyen los gastos médicos que van desde lentes hasta operaciones mayores de los trabajadores, que muchas de ellas son conquistas son conquistas sindicales, de ahí el enojo de los trabajadores en general, aunque se diga que es sólo para perjudicar a los ministros.

Si bien la iniciativa aprobada en lo general y particular en la subordinada Cámara Baja, ahora pasa al Senado, en donde en pros y contras se va a aprobar, ya que muchos de los senadores con su voto aseguran su futuro político.

Pero no hay que dejar de pensar en la aplicación de la Ley, y precisamente los afectados son los que aplican la Ley y no se van a quedar con los brazos cruzados, porque van a defender su autonomía y los beneficios conseguidos por las luchas sindicales de años.

Cuando la ley se apruebe, los interesados y afectados presentarán el recurso de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano1. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la inconstitucionalidad

Esto implica la anulación de la norma cuestionada con efectos generales, siempre que al menos ocho ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voten por su invalidez, o sea que, si se puede dar para atrás a dicha ley que no sólo pone en peligro a dicho gremio, sino que atenta contra la democracia.