Enrique Escobedo

La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1838 fue una convocatoria a la unidad nacional en torno al pensamiento político e ideológico de la justicia social y el nacionalismo revolucionario. México iniciaba el asentamiento de la vida institucional y el despegue incipiente de la economía. Fue un acto de reivindicación del movimiento obrero y para decirlo en las palabras del discurso del general Lázaro Cárdenas “Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”. De ahí que el acto desplegó un aspecto que aún se aprecia en la cultura política de nuestros días e influye en el pensamiento de muchos mexicanos no necesariamente vinculados con sectores de las izquierdas mexicanas.

La idea de que el petróleo es nuestro chocó desde el principio con la idea de privatizar la empresa paraestatal, por eso Carlos Salinas decidió sentar las bases para una eventual privatización de la empresa en el futuro mediante la reorganización de Pemex. Por su parte, Ernesto Zedillo y los dos presidentes panistas tampoco vieron conveniente dar el paso, pues sabían acerca de los riesgos políticos y sociales que eso significaba. Empero Enrique Peña Nieto consideró que, en nombre del pragmatismo económico y de que la mayoría de los mexicanos no habíamos vivido la euforia la expropiación, decidió mediante el Pacto por México, dar el paso a la privatización de la industria del oro negro y abrirles las puertas a las empresas trasnacionales petroquímicas. Parte de las tácticas que el mexiquense utilizó fueron, ahora lo sabemos, el pago de sobornos a quienes tenían capacidad de discusión en el Congreso de la Unión.

Es cierto que Petróleos Mexicanos estuvo mal administrada durante los gobiernos anteriores, que aún es muy ineficiente en muchos de sus procesos, que el sindicato se apropió de muchas de las áreas de la empresa y patrimonializó las mismas al amparo del nepotismo e intereses de algunos de sus líderes. También es verdad que a la compañía la exprimieron desde la Secretaría de Hacienda y la asfixiaron al no reinvertir en ella. Tal vez por eso el expresidente Peña Nieto decidió que la estrategia de privatización se fortalecería mediante la designación de un economista y abogado como Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex, cuyo curriculum manifiesta ser conocedor de finanzas públicas nacionales e internacionales y haber laborado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que podría facilitarles a las empresas internacionales su irrupción en la empresa petrolera mexicana.

El hecho es que Enrique Peña, Emilio Lozoya y esa administración, en nombre de la globalización, de las reformas estructurales, del pragmatismo financiero y de intereses privados como es el caso de la empresa Odebrecht, se inclinaron por olvidar el significado emblemático de Petróleos Mexicanos y, sin vergüenza histórica, porque seguramente para ese grupo la historia no sirve para nada, privatizaron parte de la empresa y ofrecieron precios más baratos de la gasolina. Lo cual no lo lograron.

La justicia mexicana decidirá el caso Lozoya Austin, la historia juzgará a quienes, en nombre de la visión unidimensional de la economía y los negocios privados, se olvidaron de que los pueblos construyen su espíritu nacional con base en ideales, esfuerzos y sacrificios.