Luis Miguel Dena 

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este 2022, se han cometido 1 millón 434 mil 801 delitos del fuero común, esta incidencia delictiva, es decir la ocurrencia de delitos registrados en una averiguación previa, no corresponde a la gran cifra negra sobre todo en un delito como la extorsión, pese a la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas.

En nuestro México, en 2021 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 estima en 22.1 millones el número de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 24 mil 207 víctimas por cada 100 mil habitantes. Y particularmente reporta que durante el 2021 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes, prevalece la extorsión telefónica en el 90.3% de los casos y fueron afectadas el 9% de los casos, es decir 483 familias perdieron algo de su patrimonio.

La gran mayoría de las extorsiones provienen de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) 278 estatales y 71 municipales, amén de los “mejor controlados”, 17 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), debemos considerar que la extorsión es un delito conexo al crimen organizado para obtener recursos que en paralelo provoca la penetración de estos delincuentes en el entorno social a través del empoderamiento por temor y éste delito se expande en las zonas conurbanas y centros comerciales e industriales con el pago del derecho de piso y hoy afecta a todos, inclusive los de capacidad económica menor, con un latente incremento de la percepción de inseguridad y descontrol de las autoridades de los grupos que copian este delito.

El bloqueo de llamadas en las cárceles es un tema relevante para la mayoría de los gobiernos lo que no se logra cuando es más fácil para los reclusos ingresar ilícitamente dispositivos y extorsionar utilizando la cobertura de redes inalámbricas y utilizar la suplantación de identidad​​​ o spoofing en términos de seguridad de redes, es decir el atacante, generalmente con usos maliciosos o de investigación, se hace pasar por una entidad distinta como los de los bancos, a través de la falsificación de los datos en una comunicación.

Por ello necesitamos combatir este flagelo juntos, como sociedad lastimada, y para ello, nos toca como ciudadanos y empresas socialmente responsables, ampliar la difusión en los medios de comunicación de medidas preventivas que debemos adoptar, desarrollemos campañas con nuestras autoridades estatales y federales, para lograr optimizar los procedimientos de atención a casos, fortalecer el conocimiento geo-referencial de las zonas de incidencia, el uso de herramientas y tecnología avanzadas para administrar el uso ilegal de dispositivos inalámbricos de contrabando en las prisiones.

Las soluciones varían según los objetivos, la regulación y los presupuestos, entre otros factores. Los objetivos pueden variar desde simplemente bloquear todas las llamadas hasta diferenciar entre el uso de dispositivos permitidos y no permitidos para identificar dónde se utilizan los teléfonos y quién los utiliza. Las soluciones no pueden depender únicamente del personal (corrupción o compromiso, plata o plomo) y, por lo tanto, requieren algún tipo de tecnología.

La tecnología debe estar por encima de los datos de ubicación, debe ser en tiempo real y con capacidades de aprendizaje automático con Inteligencia artificial para proporcionar una ubicación activa y pasiva de todos los dispositivos, debemos fortalecer la inteligencia inalámbrica.