Pedro Flores
En otro incumplimiento de sus promesas, el ahora titular del ejecutivo mexicano quien durante sus campañas presidenciales se pronunció a favor de regresar a los soldados a los cuarteles, como fue el 29 de febrero de 2002 y el 8 de diciembre de 2016, en la actualidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está apoyado totalmente en los militares de tal forma que, si no lo hiciera, “se le caería el sistema”.
México, quiérase o no, vive una etapa muy compleja, hay desigualdad, alza de precios, pandemia incontrolable, violencia crónica, originada por el crimen organizado y no organizado y si le añadimos el narcotráfico y la impunidad, ya que nueve de cada 10 delitos en México nunca se denuncian ni se castigan, con una tasa de impunidad de alrededor del 93%. ofrece un escenario muy explosivo.
Si bien el Ejército ha manifestado no querer ningún poder político, que de facto ya lo es, y sólo sigue las órdenes del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, éstas han suplido las funciones de un gabinete de ornato que promueve la corrupción al cobrar elevados salarios sin hacer nada y que sólo beneficia a sus familiares.
De esta forma las Fuerzas Armadas se han encargado de la construcción y administración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la edificación del Parque Ecológico Lago de Texcoco y de un nuevo aeropuerto en Tulum, hasta el control de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y la construcción de algunos tramos del Tren Maya, de la remodelación de 32 hospitales que quedaron inconclusos en sexenios pasados.
De igual forma participan en la distribución de gasolina y de medicamentos Covid-19, de libros escolares, son responsables la vigilancia de las fronteras para contener el paso de migrantes hacia Estados Unidos, y también apoyan programas sociales como Sembrando Vida. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), que conforman conjuntamente las Fuerzas Armadas, han sido comisionadas también con la custodia de Puertos y Aeropuertos, además de la creación de la Guardia Nacional.
Las Fuerzas Armadas a quienes el 6 de noviembre pasado, el gobierno publicó el decreto con el que extingue 109 fideicomisos destinados a la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura, los derechos humanos y el deporte, otorgó un incremento histórico a los fondos asignados a los militares a través de cuatro fideicomisos, que registraron un incremento de más de mil por ciento, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), seguirán siendo leales al presidente.
Y esta lealtad, continuará de manifiesto en los comicios de junio próximo en donde se elegirán 21 mil 383 cargos, de las cuales 15 son gubernaturas y cuyo manejo médico/electoral está en todo su apogeo, están vacunando contra el Covid-19 a “Los Servidores de la nación”, programa copiado de Cuba, acompañará a las brigadas para la aplicación de vacunas, que no son otra cosa que PROMOTORES DEL VOTO DE MORENA , ante las elecciones del próximo junio, en lo que se espera las elecciones más militarizadas de la historia.
Cabe hacer notar que el Ejército y la Fuerza Aérea cuentan con 165 mil 454 uniformados, la Secretaría de Marina con 51 mil 333 y la Guardia Nacional (Policía Nacional) con 104 mil 695, sumando un total de 321 mil 482 efectivos, según un comunicado de la Sedena de mayo pasado. Sin embargo, en páginas de intente cifran su fuerza en un total de 404 mil 281 guardias y soldados, a las órdenes del jefe máximo de las Fuerzas Armadas.
El politólogo alemán Günther Maihold, subdirector del Instituto para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) advierte en particular que “la resolución de exonerar de toda culpa al general Salvador Cienfuegos de los cargos imputados es una señal muy clara de la dependencia que existe en la presidencia hacia el brazo armado”.
La desestimación de cargos, en contra del titular de la Sedena, se dio unos días antes de que llegara al poder el presidente electo de EU Joe Biden, e incrementó las tensiones sobre el rumbo que tomará la relación bilateral, sobre todo que el Departamento de Justicia de EU, que asegura que con dicha acción se viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en duda si se puede seguir compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales entre ambas naciones.
