Enrique Escobedo

La democracia representativa es aquella mediante la cual los ciudadanos elegimos por voto libre, directo y secreto a nuestros representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo por un periodo determinado. Por su parte la democracia participativa tiene varias formas de manifestarse; algunas de ellas son: a) mediante el establecimiento de políticas públicas deliberativas entre los representantes del gobierno y la comunidad; b) el diálogo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil; c) el ejercicio a manifestarse libre y respetuosamente; d) el plebiscito que es la consulta gubernamental a fin de realizar algún tipo de obra de infraestructura y que afecta a la población, e) el referéndum que es la consulta gubernamental acerca de aprobar una determinada ley y, f) la revocación de mandato que es ratificar o rectificar al primer ministro o presidente en el cargo antes de que termine formalmente el periodo de su mandato.

Las definiciones arriba enunciadas son más profundas y abarcan matices largos de explicar. Así que me concentraré en la revocación de mandato que es una figura que se utiliza poco en las democracias modernas debido a que el argumento de ratificar o rectificar a un primer mandatario es costoso económica y políticamente.

En el caso mexicano, el entonces candidato del Partido Morena dijo durante la campaña que se sometería a dos revocaciones de mandato, lo cual hubiese significado elecciones en el 2020 a fin de que fuese evaluado. Posteriormente en el 2021 tendremos las elecciones intermedias y luego en el 2022 habríamos de vivir otra elección. Por eso su propuesta fue desechada. Es costosa políticamente debido a que no está establecido en cuanto tiempo, en caso de perder, el presidente entregaría el poder a la titular de la Secretaría de Gobernación, después ella tendría que esperar a que el Congreso convoque a elecciones y la duración de las campañas. Por su parte el Instituto Nacional Electoral tendría que definir las reglas de operación formales. Además, no está contemplado si en ese caso los partidos políticos podrían ir en alianzas o no.

Nuestro país definió en la Constitución de 1824 que el mandato del Presidente de la República sería de cuatro años. Lo mismo sucedió con la de 1854. Porfirio Díaz alargó su último periodo a seis años, pero no lo terminó. La Carta Magna de 1917 originalmente también definió que la duración del cargo sería de cuatro años, hasta que Plutarco Elías Calles creó el Plan Sexenal en favor de Lázaro Cárdenas. Además, en México no existe la reelección bajo ninguna circunstancia. Por lo que la figura de revocación de mandato no puede, ni debe extralimitarse a más de seis años.

Son muchas las circunstancias que no están previstas con dicha figura y cabe hacer notar que la Suprema Corte de Justicia al interpretar que la llamada “Ley Bonilla” fue violatoria al orden constitucional debido a que los ordenamientos electorales fueron precisos en la duración del tiempo de gobierno, ahora tendría que volver a analizar si la revocación de mandato, como está sugerida desde el Poder Ejecutivo, también es violatoria al principio de las reglas electorales de 2018 o será procedente para el próximo sexenio.

En casi todas las democracias modernas del mundo esa figura fue discutida y descartada por los costos políticos, económicos y debido a que sus instituciones son sólidas y no requieren que los presidentes o primeros ministros sean sometidos a ese tipo de consultas a la mitad de su gobierno.

Ahora bien, muy pocas naciones, Francia es un ejemplo, si aprobaron la figura de la revocación de mandato, pero bajo especificidades explícitas, precisas y con reglas transparentes de gobernabilidad. Es decir, los presidentes en Francia no son sujetos a los tres años de gobierno a ese procedimiento de manera sistemática.

La revocación de mandato, en estos momentos de nuestro país, es un tema coyuntural y de oportunismo político. Por lo mismo me parece precipitado y poco afortunado discutir esa figura para este periodo. Estoy de acuerdo en que se discuta el tema, pero, en su caso, a fin ser aplicado a partir del periodo 2024-2030.