Enrique Escobedo
No es lo mismo un país de leyes que un Estado de Derecho. Veamos, un país de leyes, en una democracia, es aquel en el cual la autoridad es elegida por el pueblo a fin de representar los intereses populares, pues los representantes electos establecen preceptos que, a todos por igual, permiten o prohíben mediante el otorgamiento de derechos y deberes algo en consonancia con los usos y costumbres sociales, con el contrato social, con la historia, la cultura y, de ser posible, en armonía con la idea de la justicia. En caso de que alguien no respete esos preceptos o leyes debe ser sancionado. De ahí que la ley reclama y exige obediencia. Consecuentemente, las leyes son producto del plebiscito cotidiano de afirmación del contrato social soberano entre la sociedad, así como entre los gobernantes y los gobernados.
Obedecer la ley y cumplirla es obligación de toda la sociedad si desea vivir en armonía, no obstante que las leyes limitan el libre albedrío de las personas. Pero para que la libertad sea libertad debe ser acotada, de otra manera sería libertinaje. Además, la ley obedece a principios como los de generalidad, obligatoriedad, permanencia, no retroactividad y que su desconocimiento no es excusa para su violación. Sin embargo, en el pensamiento egoísta y unidimensional de algunas personas, si la ley les parece injusta, consideran que la pueden violar. Queda claro que las leyes no son necesariamente justas para algunos, por lo mismo las leyes reconocen el Derecho de Amparo.
Un Estado de Derecho, por su parte, es la organización política de una nación en la cual el ejercicio del poder por parte de la clase gobernante está sujeto a las leyes y los márgenes de maniobrabilidad permisibles por las normas jurídicas. Léase, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que jurídicamente les permite la ley, en tanto que un individuo puede hacer todo aquello que no está prohibido. En un Estado de Derecho los gobernantes son quienes predican con el ejemplo, pues además de que protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, deben lograr legitimidad social con acciones de buen gobierno.
Si un gobernante o servidor público viola la ley y su acción queda impune, consecuentemente la sociedad se siente defraudada y hace lo mismo, pues concluye que en su país “no pasa nada”, ya que la ley es letra muerta. Entonces caemos en un círculo vicioso que sólo puede romperse con la profesionalización de quienes trabajan en la Administración pública.
Lo anterior me permite afirmar que México es un país de leyes, pero no un Estado de Derecho. La diferencia es significativa, pues queda claro que por más leyes que nuestro poder Legislativo elabore, éstas serán a los ojos de la sociedad letra muerta, pues quien las asesina es el propio gobierno con su actuación petulante, soberbia y corrupta.
Es un orgullo que México haya logrado transitar en el siglo XX de ser un país de caudillos a un país de instituciones y sin embargo es triste concluir que aún no logramos transitar a ser un Estado de Derecho. Es triste porque ya nos han gobernado el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional y como dice Juan Pueblo “en este país no pasa nada y cuando algo sucede, no pasa nada”.
