Luis Mena Pantoja
En días recientes, el Congreso capitalino, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, publicó una edición comentada de los Principios de Parlamento Abierto, con la que busca contribuir a consolidar una sociedad informada y participativa que genere los cambios necesarios para alcanzar un régimen plenamente democrático.
Este texto explica que un Parlamento Abierto se distingue por garantizar el derecho a la información, promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas, facilitar la información parlamentaria, presupuestal, administrativa e histórica, difundir información sobre diputadas, diputados y servidores públicos, y principalmente, aprobar leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes administrativos.
“Para cumplir con los principios de parlamento abierto, no basta con publicar la información en un portal en Internet, sino que debe hacerse de manera accesible, amigable y proactiva, buscando transformar la cultura y los procesos al interior del Congreso y la forma de interactuar con la ciudadanía”, señala.
Así, el Congreso local tiene la obligación de facilitar el acceso público a toda la información que genera durante el proceso legislativo, a través de formatos sencillos y de fácil acceso, que permitan la evaluación y vigilancia de las labores de las y los legisladores; así como asegurar la creación de espacios suficientes para que la comunidad pueda ejercer a plenitud sus derechos y mantener comunicación permanente con sus representantes, para conocer las necesidades de los diversos grupos poblacionales y contribuir a buscar soluciones conjuntas a los problemas.
En este sentido, en el libro Transparency, New Trajectories in Law, Rachel Adams explica que en el siglo XXI el tránsito hacia un verdadero parlamento abierto requiere no sólo de plataformas y tecnologías accesibles, sino de la permanente voluntad política para rendir cuentas, ser transparente y dar a las personas la posibilidad real de ejercer un control sobre las instituciones legislativas en un contexto digital en el que la observación y dicho control no tienen origen único, sino que en su plenitud y pluralidad de perspectivas, cobran una mayor eficacia al posibilitar que toda persona pueda arrojar luz sobre las acciones de cada uno desde todo lugar y en todo momento.
Son un grupo de diez legisladoras y legisladores locales de los diferentes grupos parlamentarios los que en esta publicación analizan los Principios de Parlamento Abierto: Derecho a la información; Participación ciudadana y rendición de cuentas; Información parlamentaria; Información presupuestal y administrativa; Información sobre personas legisladoras y servidoras públicas; Información histórica; Datos abiertos y software libre; Accesibilidad y difusión; Conflictos de interés; y Legislar a favor del gobierno abierto.
El texto concluye que la actual situación política y social de la Ciudad de México requiere la implementación y ejecución de mecanismos de apertura que fomenten el acercamiento del poder legislativo con la ciudadanía. “Propiciar el diálogo para abonar a la lucha contra la crisis de confianza que sufren las instituciones públicas y más aún las legislativas es una prioridad, pues cimentar el trabajo parlamentario en la probidad y la transparencia son los únicos garantes de la legitimidad de las instituciones democráticas”.
