Datos de la Organización Internacional del Trabajo indican que la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para los sistemas de protección social en América Latina, al limitar las contribuciones a la seguridad social y afectar la sostenibilidad de las pensiones.
Colombia registró en 2025 una tasa de empleo informal de 56%, lo que la ubica entre los países con mayores niveles de informalidad dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La cifra coloca al país en el segundo lugar entre los miembros de la OCDE con mayor proporción de trabajadores informales, solo por detrás de México. En contraste, la mayoría de las economías europeas del organismo registran niveles inferiores al 5%.
El fenómeno forma parte de una tendencia más amplia. En América Latina y el Caribe, la informalidad laboral afecta a 51,1% de los trabajadores, mientras que a nivel global más de 2.000 millones de personas se desempeñan en el mercado laboral informal.
De acuerdo con el informe Employment and Social Trends 2026 de la OIT, la transformación estructural de la economía, que implica el traslado de trabajadores hacia sectores más productivos y con mejores condiciones laborales, se ha desacelerado notablemente en la última década.
El organismo identifica varios factores que impulsan la informalidad, entre ellos la baja educación, el limitado acceso al crédito, el predominio de pequeñas unidades económicas y las dificultades regulatorias que enfrentan empresas y trabajadores para integrarse al mercado formal.
Especialistas señalan que en Colombia uno de los principales obstáculos para la formalización es el costo de contratar formalmente a un trabajador, que puede elevar el costo laboral entre 40% y 60% por encima del salario debido a prestaciones sociales y obligaciones legales.
Con más de la mitad de los trabajadores fuera del sistema de seguridad social, expertos advierten que el país podría enfrentar dificultades para garantizar una tasa de reemplazo adecuada en las pensiones futuras, lo que generaría presión sobre las finanzas públicas y obligaría al Estado a considerar subsidios para sostener el sistema. Sputnik
