Forma parte por vez primera del Constituyente Permanente federal y participa en aprobación
Por Guillermo Pimentel Balderas
El Congreso de la Ciudad de México avaló, por primera vez, una reforma constitucional federal para modificar los artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de dominio; en este caso, por corrupción y huachicoleo.
De esta manera, con su voto en favor de la minuta con proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión, el I Congreso capitalino forma parte, después de casi 200 años, del constituyente permanente federal, establecido desde 1824.
El dictamen, aprobado en forma unánime, en una sesión histórica, por los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, establece reformas al artículo 22 y la sección 30 del artículo 73, lo que permitiría al Estado retirar la propiedad de inmuebles por delitos de corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos, entre otros ilícitos.
Al fundamentar el dictamen, presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la primera, destacó que por primera vez la Ciudad de México tiene voz y voto en las grandes decisiones del país, como corresponde al federalismo mexicano y su régimen democrático.
“Lo que se hizo fue algo histórico, ya que por primera vez en la Ciudad de México, a raíz de la reforma política y la emisión de su nueva Constitución, ha pasado a formar parte del proceso aprobatorio de las reformas a la Constitución Federal, ha pasado a tener voz y voto en las grandes decisiones de este país”, expresó el legislador integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Norberto Sánchez explicó que con esta reforma se busca fortalecer la figura de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado perseguir con más fuerza actos delictivos y recuperar bienes y activos financieros obtenidos mediante conductas ilícitas; “implica facultar eficientemente al Estado para perseguir con fuerza los bienes de origen ilícito y atacar medularmente la propiedad de tales bienes”.
Indicó que esta reforma constitucional establece nuevos delitos sobre los que procederá la extinción de dominio, como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, encubrimiento, investigaciones derivadas sobre hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión y recursos de procedencia ilícita, entre otros. “Estos delitos no se contemplaban en el texto constitucional, que seguirá manteniendo las hipótesis como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito”, dijo.
“Esta reforma constitucional hace ambas cosas. Propone dotar de mayores armas al combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, mayor certeza a los ciudadanos de que sus derechos serán respetados bajo un procedimiento civil y conceptualmente distinto al de la rama penal”, aseguró.
Dip. Gaviño explica alcances de reformas
El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) durante su participación, mencionó los tres puntos de acción en los que se concentran las reformas a los artículos 22 y la fracción 30 del artículo 73 constitucionales.
Estos son: “La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de tipo penal, la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio y el tercer punto es que será procedente en bienes de carácter patrimonial cuya procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de diferentes hechos”.
La legisladora Leonor Gómez Otegui (PT) consideró que la recuperación de activos fruto de los ilícitos mediante la figura de la extinción de dominio coadyuvará para que las instituciones de salud y seguridad apoyen de manera directa y eficaz a las víctimas del delito. Además, con la aprobación de la minuta enviada por el Congreso de la Unión “se da un paso fundamental hacia la consolidación de una adecuada regulación de la extinción de dominio con la finalidad de disminuir la capacidad operativa de los delincuentes, salvaguardando en todo momento los derechos patrimoniales de las personas que se consideran afectadas”.
El Congreso de la Ciudad de México se ubicó como el Congreso local número 12 que avala esta reforma a la Constitución federal, que requiere la aprobación de 17 Congresos locales para quedar firme.
