Luis Mena Pantoja 

La época post Covid-19 será un período caracterizado por el aumento de la violencia y la criminalidad en todos los países de América Latina, ya que en esta región habrá una situación crítica en términos económicos para millones de personas a causa de altos índices de desempleo y deserción escolar, alertó Lucía Dammert, especialista internacional en seguridad pública.

Al impartir la ponencia “La concentración territorial del delito, la necesidad de políticas basadas en evidencia”, la investigadora peruana aseguró que la época que siga a la pandemia del SARS-CoV-2 será particularmente difícil en Latinoamérica, y estará marcada por el incremento en la delincuencia y la inseguridad, ya que millones de niños y jóvenes de estas naciones han abandonado la escuela a causa de la pandemia y en el futuro carecerán de oportunidades laborales, lo que contribuirá a que caigan en conductas delictivas.

Lucía Dammert es socióloga y doctora en Ciencias Políticas, nacida en Perú y radicada desde hace varios años en Chile. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos públicos e impartido asesorías en materia de seguridad a gobiernos de Perú, México y Argentina, así como para la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de impartir clases en instituciones académicas de Estados Unidos, Argentina y Chile.

Esta charla en formato virtual se desarrolló dentro del Ciclo de Conferencias de Seguridad Pública y Ciudadana, organizado por el Congreso de la Ciudad de México.

La diputada Leticia Varela Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana e integrante del grupo parlamentario de Morena, coincidió con la académica en la importancia del entorno social para el desarrollo o la prevención de carreras criminales.

En su ponencia, Lucía Dammert distinguió la ‘criminalidad cotidiana’, consistente en robos en el espacio público, de automóviles y en hogares, y la ‘criminalidad organizada’, centrada en mercados ilegales como las drogas, las armas y el tráfico de personas, ya que son dos fenómenos distintos y requieren políticas públicas totalmente diferentes para su atención.

Señaló que la criminalidad cotidiana requiere labores de prevención, control y la posibilidad de accionar local, regional y nacionalmente; mientras que la criminalidad organizada requiere trabajo de inteligencia, investigación, control y respuestas nacionales articuladas con otros niveles de poder estatal, por lo que su combate supera la capacidad de los gobiernos locales.

En este sentido, afirmó que el 20 por ciento de los criminales realizan el 80 por ciento de los delitos, que el 80 por ciento de los delitos se concentran en el 20 por ciento de los territorios, y que los territorios marcados por el abandono concentran la mayor cantidad de hechos delictivos.

“Hay territorios donde hay mucha delincuencia y otros donde por motivos diversos no hay casi delincuencia o ésta es mucho menor. La ausencia del Estado es una puerta que se abre para la presencia de grupos criminales”, aseguró; por lo que recomendó concentrar el combate contra la delincuencia en estas zonas y contra los grupos delictivos reincidentes.

Asimismo, sugirió la aplicación de políticas públicas que prevengan los factores sociales que potencian las carreras criminales, como son el consumo de alcohol y drogas, problemas de salud mental, abandono escolar, embarazo adolescente, desempleo juvenil y violencia en el hogar.