José Manuel Rueda Smithers
El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre la creación de 35 mil empleos para deportados por parte de la Iniciativa Privada (IP), plantea preguntas importantes sobre su viabilidad y el impacto que podría tener.
¿Qué tan viable es hacer realidad el asunto? ¿Es cierto que la IP se comprometió a crear esos 35 mil empleos para los deportados?
Suena bonito, pero ¿Cómo se crearán? ¿Por qué no se crearon antes? ¿Por qué no hace años para que no se tuvieran que ir los mexicanos a buscar trabajo a otro lado?
Haciendo números, hay más de 4 millones de indocumentados mexicanos en E.U. así que el reto no es crear 35 mil empleos sino millones más.
Generar empleos depende de la capacidad y disposición del sector privado para abrir oportunidades. Esto implica inversiones, incentivos fiscales que el gobierno pueda ofrecer a la IP, como subsidios, exenciones fiscales o programas de colaboración público-privada. Y apoyo del gobierno para facilitar la contratación. Ninguna de las tres está en la mira del segundo piso de la 4t.
Considerando que muchos de quienes podrían ser deportados han trabajado en sectores específicos en EU (construcción, agricultura y servicios), se necesitan estrategias claras para capacitar y reinsertar en el mercado laboral mexicano.
La migración y deportación son problemas enfrentados durante décadas. Ha faltado una política integral para crear empleos que absorban a quienes regresan o que eviten su migración.
Factores como la desigualdad regional, la concentración de oportunidades en pocas ciudades y la precarización del empleo limitan la capacidad de crear empleos de calidad.
¿Por qué se anuncia ahora?
Esto tiene su componente político para posicionar a Claudia Sheinbaum como una líder capaz de resolver problemas estructurales y ganar el respaldo de sectores afectados por las deportaciones.
Si bien no todos serán deportados, muchos enfrentan un futuro incierto. Crear miles de empleos no es suficiente.
¿Tendrá la ayuda de Carlos Slim?
Como uno de los empresarios más influyentes de México, podría jugar un papel clave en este tipo de iniciativas. Slim ha mostrado interés en proyectos sociales y económicos en el pasado, pero su participación tiene muchos asegunes.
Ha apoyado causas relacionadas con la educación, infraestructura y salud, pero su involucramiento directo en un proyecto de esta naturaleza aún no está claro. Podría depender de las condiciones específicas del programa, como los fiscales o beneficios económicos para sus empresas.
Slim podría enfocarse en zonas estratégicas donde sus empresas tienen operaciones significativas, como en infraestructura o telecomunicaciones.
El anuncio del gobierno carece de detalles sobre los sectores donde se crearán estos empleos, los tiempos para implementarlos o las estrategias específicas para lograrlos.
Muchos deportados enfrentarán barreras como la falta de documentos, discriminación o habilidades específicas para el mercado laboral mexicano. Sin programas de capacitación, los empleos creados podrían no ser accesibles para ellos.
Las recomendaciones para hacerlo realidad van sobre políticas de capacitación, enfocadas en sectores de alta demanda, como manufactura avanzada, tecnologías de la información, y energías renovables. También sobre apoyo regional en zonas expulsoras de migrantes, invirtiendo en infraestructura, educación y servicios básicos.
El anuncio de Claudia Sheinbaum tiene buenas intenciones y un impacto simbólico relevante, pero enfrenta desafíos logísticos, estructurales y económicos significativos. Está dirigido más a generar una percepción de compromiso que a resolver el problema de raíz.
El reto real para que sea más que un gesto político, requerirá un plan bien articulado entre gobierno, IP y la sociedad civil. Hoy solo representa una fracción mínima frente a los millones de mexicanos indocumentados en EU.
No es solo crear 35 mil empleos, sino transformar la economía para ofrecer oportunidades a millones, ya sea dentro o fuera del país.
