José Manuel Rueda Smithers
El debate sobre las reformas al Poder Judicial en México ha intensificado la polarización política, generando percepciones de que hay una confrontación directa entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, si analizamos la historia constitucional del país, este tipo de tensiones entre poderes no es nuevo.
Desde la independencia, México ha atravesado períodos en los que el equilibrio de poderes se ha visto gravemente afectado. Durante el Porfiriato, el Ejecutivo acumuló gran cantidad de poder, relegando al Legislativo y Judicial a un papel casi simbólico. Asimismo, en los años posteriores a la Revolución Mexicana, los gobiernos revolucionarios, como el de Plutarco Elías Calles, llevaron a cabo reformas que buscaban consolidar un poder centralizado, lo que también implicó tensiones con el Poder Judicial.
Bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la supremacía del Ejecutivo fue clara, pero a partir de los años 90, con las reformas hacia una mayor independencia del Poder Judicial, comenzaron a consolidarse tribunales más autónomos, lo que llevó a una redistribución del poder.
Bajo la presidencia del sr. López, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha enfrentado una narrativa con la intención de destruirla. Las críticas a la Corte, acusándola de actuar en contra de la «voluntad del pueblo» y las reformas propuestas que afectarán su estructura y autonomía.
La historia muestra que estas tensiones han sido cíclicas. Lo que hace al contexto actual más preocupante es la profunda polarización social que acompaña el debate.
Si esta independencia se ve comprometida, la imparcialidad y eficacia de la impartición de justicia estarán en riesgo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece explícitamente la independencia del Poder Judicial, garantizando que los jueces y magistrados actúen sin interferencias externas. El artículo 94 señala que los jueces deben ser imparciales y no estar sujetos a órdenes ni directrices de otros poderes.
El Poder Judicial tiene autonomía financiera, aunque la asignación de recursos es aprobada por el Congreso, lo que puede ser un punto de vulnerabilidad si hay presión política.
La carrera judicial es otro elemento que garantiza la imparcialidad y profesionalización de los jueces. En principio, los nombramientos y ascensos dentro del sistema judicial están basados en mérito y no en decisiones políticas. Sin embargo, en la práctica, la presión externa o las reformas que afecten los nombramientos pueden debilitar este pilar.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ejercen vigilancia sobre la independencia judicial y el estado de derecho en México. Estas instituciones pueden presionar para que las reformas al Poder Judicial respeten los principios democráticos.
La sociedad civil es crucial para monitorear cualquier amenaza a la independencia judicial. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y colectivos de abogados han denunciado abiertamente los intentos de socavar la autonomía del Poder Judicial y han promovido acciones legales para defenderla.
Riesgo en la imparcialidad de la justicia
Si la independencia judicial se ve comprometida, la imparcialidad de los jueces puede verse influenciada por intereses políticos, lo que pondría en duda la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso de los otros poderes. En este escenario, el riesgo de injusticias y falta de protección de los derechos ciudadanos aumentaría considerablemente.
Hay mecanismos institucionales diseñados para garantizar la independencia judicial, pero están puestos a prueba. La fortaleza de estas garantías dependerá de la capacidad del propio Poder Judicial, de la sociedad civil y de los organismos internacionales para defender su autonomía frente a posibles intentos de injerencia política.
El Ejecutivo juega con fuego, y no le importan las consecuencias. Tiene sus propios datos.
