José Manuel Rueda Smithers
Lo que en verdad tienen, es una falta de respeto a la crítica. México lo padece desde hace lustros. Algunos políticos consideran que la prensa crítica no es un actor válido en el debate público, sino un obstáculo o un enemigo ideológico. Esta percepción los hace actuar con desdén hacia las libertades, subestimando su valor como contrapeso democrático.
Este fenómeno que pareciera simplista es también difícil de entender por los seguidores y los medios mismos que -al sentirse víctimas- lo difunden al victimarse equivocadamente. La cuestión es que si los gobiernos lo hacen como un simple intento de desviar la atención o en realidad quieren demostrar fuerza ante lo que descalifican como la comentocracia, palabra ahora muy usada por los nuevos políticos y sus repetidores (llámense influencers, medios pequeños, portales inventados, etc) hacia quienes ven como enemigos por no publicar lo que quieren, y lo peor, es que no les representa tolerancia alguna por la crítica.
La idea de que «solo los gobiernos autoritarios atacan a los medios que los critican» puede parecer simplista porque no considera que el fenómeno es más complejo y con sus aristas. Si bien los autoritarios suelen recurrir a estrategias agresivas para silenciar o desacreditar a la prensa crítica, esto no significa que sea un comportamiento exclusivo de ellos. Gobiernos democráticos también tienen actitudes hostiles hacia los medios, aunque generalmente utilizan métodos menos represivos, como campañas de desprestigio o el uso de discursos polarizantes, en lugar de la censura directa.
El ataque a los medios por parte de los gobiernos sirve como una estrategia de distracción frente a problemas estructurales o errores gubernamentales. Este ataque redirige el foco de la conversación hacia la legitimidad del mensajero (los medios) y no hacia el mensaje (las críticas).
En otras ocasiones, el ataque puede ser una forma de reafirmar autoridad y fortaleza frente a la ciudadanía, descalificando lo que líneas arriba se dijo y denominan comentocracia (los analistas, periodistas y opinólogos), que por ahora en México estamos muy activos.
Al retratar a los medios como enemigos del pueblo, los gobiernos buscan erosionar su credibilidad y consolidar una narrativa en la que ellos, como líderes, son los defensores legítimos de los intereses ciudadanos.
Cabe recordar que el 15 de junio de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el delito de calumnia en todo el país, derivado de una acción de inconstitucionalidad.
Basten dos ejemplos: Por un lado, en la famosa mañanera del pueblo que la presidenta Claudia Sheinbaum da, ahora los merolicos leen preguntas a modo en las que -casi todos los días- acusan a la comentocracia de falsear la realidad del país. Y ella se da gusto armando ejemplos del por qué se equivocan los malos que quieren revivir el ayer.
Apenas hace cuatro días, el jueves 16 de enero, el gobernador de Nayarit, Armando Quintero Arias, llamó “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes” a quienes -según su consideración- “a través de la difamación tratan de sacar prebendas económicas”. No dio nombres, pero descalificó a todos.
La mala noticia es que en Tlaxcala están igual, y en Veracruz y en Guerrero y en Chiapas.
El problema es que algunos medios -al sentirse víctimas- difunden y amplifican las agresiones, y refuerzan la narrativa de que son actores parciales o conspiradores.
No es solo cuestión de autoritarismo, sino cómo los gobiernos gestionan la relación con los medios y el papel que les asignan en su modelo de gobernanza.
Aunque buscan ese fin, los políticos cada vez están más lejos de levantarse como defensores de los ciudadanos. Justo como pasa ahorita.
