Guillermo Pimentel Balderas
De acuerdo a información del Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister», el fenómeno de criminalización de quienes defienden derechos humanos en el país, no se limita al ámbito jurídico, ya que va acompañado de campañas de desprestigio que generan un clima de hostilidad hacia las personas defensoras, incluso, desde el atril presidencial.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, afirma (por medio de un comunicado de prensa) que en muchos casos, esta situación deriva en el debilitamiento del tejido social y el exilio de quienes enfrentan persecuciones, entre ellos muchos comunicadores más que se encuentran en esta condición.
Asegura que en nuestro país las personas defensoras enfrentan criminalización y violencia por lo que hay que instrumentar acciones urgentes para detenerlas pues existen cargos penales infundados y la aplicación arbitraria de leyes ambiguas.
Exhorta al Estado mexicano a instrumentar acciones urgentes para detener la criminalización de quienes defienden derechos humanos en el país y expresa que, “la criminalización de estas personas, incluidos periodistas, representa un ataque a los principios fundamentales de la democracia; más aún cuando los perpetradores son funcionarios públicos”.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explica que este tipo de prácticas incluyen cargos penales infundados, la aplicación arbitraria de leyes ambiguas; represión y, en algunos casos, de las mismas autoridades policiales y militares en contra de las personas de la sociedad civil, de manera particular, aquellas que integran grupos vulnerables, como indígenas, adultos mayores o periodistas.
El también doctor en Derecho explica que, el uso de medidas cautelares como la detención preventiva o la prohibición de salida del país, buscan intimidar y obstaculizar el trabajo de quienes defienden derechos humanos, como el trabajo de decenas de madres buscadoras, que se han organizado por sus propios medios para realizar acciones para localizar a sus familiares y conocidos.
El defensor del pueblo, abunda en aquellas agresiones dirigidas a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. “Estos colectivos se enfrentan a presiones significativas por parte de autoridades y actores privados interesados en proyectos extractivos. Estas prácticas buscan despojar a comunidades indígenas de territorios ancestrales y recursos naturales. La resistencia de las comunidades ante estas amenazas ha generado confrontaciones legales y sociales que los gobiernos -federal y locales- no han resuelto adecuadamente”, explica.
Fierro Hernández, quien también preside el Consejo de Administración del Bufette “BJF y Asociados” explica que la criminalización tiene efectos diferenciados en mujeres defensoras de derechos humanos, según los organismos internacionales.
“Estas mujeres enfrentan no sólo agresiones directas, sino también amenazas a sus familias, lo que incrementa el nivel de presión y vulnerabilidad” y, por si esto fuera poco, enfatiza los altos índices de violencia que se vive, hoy en día, en diversas partes del país, situación que refleja la inacción estatal en el mejor de los casos, en el peor, incluso, la complicidad de ellas.
“Es urgente que el Estado mexicano adopte medidas integrales para erradicar la violencia estructural. De no proteger a las personas defensoras, la situación equivale a vulnerar el tejido democrático de la región en el país”, enfatiza el abogado litigante.
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